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César Arellano García
Asociaciones de jueces y magistrados externaron “su más amplio” rechazo a la iniciativa de adiciones al articulado transitorio del decreto que expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y otros ordenamientos, mediante la cual se pretende extinguir diversos fideicomisos institucionales que, en su mayoría, dijeron, financian recursos necesarios para la infraestructura y la administración de la Justicia Federal, así como diversas prestaciones que reciben los miles de empleados que conforman la fuerza de trabajo de dicha institución.
En un comunicado, aseveraron que de ser aprobada dicha reforma se consumaría un “grave ataque” a la independencia judicial, que redundará en un perjuicio directo a la ciudadanía, pues el derecho a una administración de justicia pronta y especializada se verá inevitablemente afectado , incumpliendo así con la responsabilidad asumida por el Estado Mexicano ante la comunidad internacional.
Paro no solo eso, advirtieron que se atentaría contra los derechos laborales de los trabajadores de la Judicatura Federal, poniendo “en riesgo la subsistencia de miles de familias mexicanas, al afectar prestaciones que constituyen derechos adquiridos con base en las condiciones generales de trabajo.
“Máxime, que quienes trabajamos al servicio de la Justicia Federal tenemos prohibido legalmente contar con otra fuente de ingresos, ni siquiera cuando fungimos como docentes o participamos compartiendo nuestra experiencia y conocimientos en el ámbito académico , indispensable para la formación de las nuevas generaciones”.
Apuntaron que se debe considerar que la subsistencia de los trabajadores y sus familias depende únicamente de su fiel dedicación a la función jurisdiccional, “por tanto, es necesario que se respete su derecho a obtener una remuneración decorosa por el desempeño honesto y responsable de su trabajo, que les permita llevar una vida digna y realizar su función en beneficio de la sociedad con absoluta autonomía e independencia y libre de influencias y presiones externas, pues ello garantiza que las decisiones que emitan sean justas e imparciales”.
En ese sentido, agregaron que si bien la estructura del Poder judicial de la Federación es perfectible, lo cierto es que la efectividad del sistema de Justicia Federal se legitima a través de las resoluciones que emiten los diversos órganos que lo integran, quienes garantizan el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos ante las determinaciones arbitrarias del Estado; de ahí que resulta indispensable el respeto irrestricto a los recursos financieros que ya se encuentran asignados para el ejercicio de tan alta encomienda.
El documento los suscribieronr la magistrada Rosa Elena González Tirado, presidenta del Capítulo México de la IAWJ; la magistrada Hortencia María Emilia Molina de la Puente presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras; la magistrada Gloria Avecia Solano, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas; Rosa Elena Alonzo Méndez, directora del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, y por Froylán Muñoz Alvarado, director de la Asociación Nacional de Juzgadoras y Juzgadores Federales (JUFED).
