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Gustavo Castillo García
Con base en la determinación del décimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, el juez Gerardo Moreno García dio un plazo de 24 horas para que se ponga a disposición y se traslade al Reclusorio Norte de la Ciudad de México al ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y dos coacusados más de desviar más de 250 millones de pesos del gobierno de Chihuahua a campañas de candidatos tricolores en esa entidad.
La determinación judicial señala que también deben ser trasladados e ingresados al reclusorio Norte los coacusados de Gutiérrez Gutiérrez, el ex director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, Antonio Enrique Tarín García, y el ex director general de Administración de Hacienda de esa entidad, Gerardo Villegas Mandriles.
La resolución judicial dictada el pasado jueves señala que “en estricto cumplimiento a lo ordenado por el décimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito (…) requiérase al director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, en Aquiles Serdán, Chihuahua, para que dentro del plazo de 24 horas, contado a partir de la recepción del comunicado respectivo, ordene el traslado material de los gobernados Antonio Tarín García, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y Gerardo Villegas Mandriles –quienes se encuentran privados de su libertad personal en dicho centro carcelario– al reclusorio Preventivo Varonil Norte de esta ciudad (de México)”.
Añade que “en caso de incumplimiento sin causa justificada” se sancionará al director del Cereso de Aquiles Serdán con una multa de mil unidades de medida, que equivalen a 80 mil 600 pesos.
El gobierno de Chihuahua, encabezado por Javier Corral, ha promovido diversos recursos para evitar que los expedientes se convirtieran en asuntos de competencia federal y el traslado de los ex funcionarios a un penal distinto al que se encuentran. Sin embargo, los tribunales federales resolvieron que el desvío de 200 millones de pesos sea llevado por jueces federales, ya que los recursos involucrados fueron entregados como parte de los apoyos federales para programas educativos en Chihuahua.
En febrero, el gobernador Corral afirmó que la petición para federalizar el proceso penal en contra de los inculpados era “la continuación de una maniobra orquestada por las autoridades federales para desactivar las investigaciones que el estado de Chihuahua ha emprendido y que han exhibido el modus operandi de la corrupción política y el pacto de impunidad que la protege”.
Como los tres inculpados enfrentan otros procesos penales del fuero común, el juez Moreno García señaló en su resolución que debido a que los tres sujetos en mención cuenten con diversas causas penales, toda vez que éstas seguirán su cauce legal, aun cuando los referidos físicamente se encuentren en esta Ciudad de México, toda vez que los procesos correspondientes, de conformidad con el artículo 51, del Código Nacional de Procedimientos Penales, podrán llevarse a cabo mediante el uso de videoconferencias.
