Ley sobre cannabis desatiende daños a la salud, dicen los obispos

Jessica Xantomila

Ciudad de México. La nueva Ley Federal para la Regularización del Cannabis, aprobada por el Senado el 19 de noviembre pasado, “no atiende los daños a la salud surgidos por el consumo cada vez mayor de la mariguana”, ni los efectos en las familias y tampoco “contribuye a inhibir y reducir la exposición a sustancias estupefacientes”, señalaron los obispos católicos del país. Con esta iniciativa “vemos una señal de una política de Estado que ignora al débil y descarta a quienes deberían ser más tutelados”, afirmaron.

“La legalización de un estupefaciente, sea este u otro, significa voltear la vista e ignorar las necesidades reales de la sociedad, y más aún en el contexto actual de la pandemia de Covid-19, la crisis económica y la crisis de inseguridad”, destacaron.

En un pronunciamiento firmado por el presidente y el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Rogelio Cabrera López y Alfonso Miranda Guardiola, respectivamente, así como representantes de diversas dimensiones episcopales como la de la Familia, la Salud y la Vida, exhortaron a los diputados “a que se realice un análisis integral que modifique la iniciativa de modo que se privilegie la salud y la seguridad públicas, y se atienda al bienestar de los ciudadanos y de las familias que se ven afectados por estas y otras sustancias”.

Asimismo, invitaron a los fieles, y a la sociedad en general, “a participar activamente para colaborar con los legisladores para encontrar soluciones reales a los problemas genuinos que subyacen al complejo problema de las drogas, que tiene ramificaciones que superan nuestras fronteras”.

Los jerarcas católicos resaltaron que en la aprobación de la iniciativa “importaron más los reclamos de libertad sin responsabilidad de algunos pocos, por encima del bien general de la salud”, se privilegiaron “los anhelos individuales de un grupo y se pagó el precio de las consecuencias para todos, pero sobre todo para niños y jóvenes”.

Destacaron que ante ello, “se abandona una política de promoción y protección de la salud por satisfacer los intereses de unos pocos. La salud y el bien común dejan de constituir un bien prioritario, y ceden su lugar a los gustos de individuos aunque pudieran causar un daño a terceros”.

La CEM señaló que la iniciativa se votó en medio de manifestaciones exclusivamente de grupos que deseaban su legalización, sin un debate público plural y, sobre todo, sin escuchar a especialistas en la materia.

“Este hecho genera legítimas preocupaciones. Acerca del uso recreativo de la marihuana y de otros productos psicoactivos derivados del cannabis, los profesionales de la salud y numerosas personas que han sido consumidores, atestiguan que su uso, en cualquier cantidad y presentación, reduce significativamente el dominio sobre las propias acciones, y ponen al consumidor en situación de riesgo grave para sí y para otros”, expuso.

Indicó que para intentar tranquilizar a la sociedad los promotores de la iniciativa “introdujeron anotaciones para acotar quiénes y de qué forma tendrían acceso a los procesos de producción, distribución, comercialización y consumo. Pero eso no atiende el problema de raíz. El problema no es poner reglas y condiciones para el uso de la marihuana. Lo que vemos más bien es un cambio sustancial en nuestra capacidad de ser solidarios y pensar en el bien de los demás como un bien para nosotros mismos”.

Estos hechos, agregó, “nos hacen cuestionar los criterios que guían a las autoridades frente a temas que involucran un balance entre la libertad del individuo y la responsabilidad que tenemos en la sociedad. Ahora se habla del cannabis. Mañana serán otros temas en los que unos pocos pueden afectar al bienestar de todos”.

Exhortó a todos los mexicanos a “tomar una postura responsable ante las consecuencias que abre esta posible legalización”, y consideró que de avanzar, “iniciarán mensajes publicitarios invitando a convertirse en productores y consumidores”.

Llamó especialmente a los adolescentes y jóvenes “a no dejarse llevar por la permisividad levantada por estas normas que permiten narcotizar a la ciudadanía”.