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Por Roberto Garduño
Ciudad de México. La diputada panista por el estado de Sinaloa, Lucero Sánchez López envió este mediodía a la Cámara de Diputados las pruebas que pretenden desvanecer la acusación de la PGR, que la involucra con Joaquín Guzmán Loera en un encuentro que se habría celebrado en el mes de abril del año 2014 entre ambos en el penal de alta seguridad del Altiplano.
El delito que se le imputa a la legisladora no es considerado grave pues habría usado documentación falsa para ingresar a la prisión federal, y alcanza una pena de cuatro años de prisión.
No obstante, el presidente de la sección instructora, Ricardo Ramírez (PRI) expuso que aun tratándose de un delito no grave, si la Cámara de Diputados encuentra suficientes pruebas para acreditar que Lucero Sánchez incurrió en tal, se le deberá retirar el fuero, para iniciar un procedimiento penal en su contra.
En representación de la diputada, acudió a San Lázaro el abogado Rubén Tamayo. Se dirigió a la oficina de la Comisión Jurisdiccional, que ocupa temporalmente la sección instructora encabezada por el diputado Ramírez. Tras la entrega y recepción de un legajo de 64 fojas, el abogado Tamayo reiteró que el señalamiento del Ministerio Público en contra de su clienta sí tiene tintes políticos, y la defensa cuenta con suficientes pruebas para desestimar los cargos que pretende imponer la PGR contra Lucero Sánchez.
En un equívoco, Rubén Tamayo expuso que existen 300 procedimientos de desafuero, cuando dicho número corresponde a solicitudes de juicio político y no juicio de procedencia para retirar la protección constitucional.
La legislación vigente señala que para iniciar un juicio de procedencia (que retira el fuero constitucional a los servidores públicos) debe existir un pliego de pruebas que aporte el Ministerio Público de la Federación.
Con la respuesta de la legisladora al plazo de aportación de pruebas, la sección instructora elaborará el lunes próximo la respuesta legal al proceso de desafuero, que comenzará inmediatamente y en los primeros 10 días las partes (PGR y defensa) tendrán que aportar pruebas de cargo y descargo, posteriormente en los 20 días siguientes el órgano cameral se encargará de elaborar un proyecto que habrá de presentar a la presidencia de la mesa directiva para que ésta tome la decisión de llevarlo al pleno.
Es decir, el proceso que iniciará el lunes próximo se extenderá 30 días más como mínimo.
También, el diputado Ricardo Ramírez negó que exista consigna política en contra de Lucero Sánchez López. Y confirmó que al existir una solicitud del Ministerio Público, con pruebas incluidas, la sección instructora tiene obligación de dar cauce legal al proceso.
