Se desperdicia 40% de alimentos que produce AL: FAO
4 marzo, 2016
Ausentismo en escuelas por violencia en Tamaulipas
4 marzo, 2016
Por Jesús Aranda
El primero de diciembre de 2010, Javier Duarte asumió la gubernatura de su estado; el 5 de octubre de 2011, el gobierno de Felipe Calderón aprobó la implementación del programa “Veracruz Seguro” en el que, por primera vez, se involucró directa y masivamente a la Armada de México en labores de seguridad pública en una entidad federativa.
La idea no le gustó a los marinos, sabían los riesgos de involucrarse en el tema, de salir de los cuarteles, de exponerse convivir cotidianamente con la población. Sin embargo, el alto mando naval aceptó disciplinado con el compromiso del gobernador de que sanearía las policías estatal y municipales y que crearía una fuerza policíaca profesional y bien adiestrada.
En un ejercicio inédito, elementos de la Policía Naval sustituyeron a los elementos de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río en el 2011.
749 marinos fueron incorporados a labores de tránsito y de seguridad pública.
Los marinos hicieron su tarea, lograron bajar los índices de violencia en la zona, pero Duarte no cumplió.
Al asumir la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, Duarte le solicitó al ejecutivo federal que no retirara a los marinos de las labores de seguridad pública; de nueva cuenta, prometió que sanearía las policías locales, que estaba en vías de formación una nueva fuerza policíaca, etc.
Peña aceptó y el almirante secretario Vidal Francisco Soberón Sanz tuvo que aceptar la prolongación del acuerdo suscrito por su antecesor (almirante Mariano Saynez Mendoza) con el gobernador veracruzano.
A Duarte le quedan poco más de ocho meses en el cargo y no cumplió con el compromiso de resolver el problema de violencia e inseguridad en la entidad.
A los marinos nunca les convenció la idea de destinar recursos humanos y materiales a labores de seguridad pública.
Los logros alcanzados en los primeros meses en materia de seguridad se fueron disipando con el tiempo. Al final, prevaleció la corrupción e impunidad en la entidad, como lo evidenció la desaparición forzada y probable asesinato de cinco jóvenes de Tierra Blanca, quienes –todo hace ver-, fueron entregados por policías municipales al crimen organizado.
Otra rayita más al tigre
La falta de capacidad del gobierno federal y de los gobiernos locales para enfrentar la violencia que provoca el crimen organizado dio lugar a un nuevo experimento gubernamental a costa de Ejército Mexicano.
Resulta que por primera vez, tres mil elementos de la Policía Militar asumirán funciones de seguridad pública en diversas zonas de los estados de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Coahuila.
Sin contar con un marco legal apropiado, de nueva cuenta los militares asumirán funciones de seguridad pública que no les corresponde, mientras tanto, el gobierno federal afirma que estamos en el camino correcto para disminuir la violencia.
Si eres víctima de acoso laboral o sexual, mejor no denuncies
Cuando Luis María Aguilar Morales llegó a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hubo trabajadores que cifraron su esperanza en que las cosas iban a cambiar. 14 meses después, el desencanto es evidente.
Trabajadoras del área de Visitas Guiadas del máximo tribunal presentaron ante la Contraloría Interna de la Institución, quejas en contra de funcionarios del área por acoso laboral y acoso sexual que databan de 2014, es decir, antes de que Aguilar asumiera el cargo.
Inicialmente, la Comisión de Equidad de Género se acercó a las quejosas y les prometió ayudarlas para darle trámite y seguimiento a su queja.
Sin embargo, a casi un año de que presentaron las denuncias, tanto la Contraloría Interna, como la propia Comisión siguen sin emitir un dar respuesta satisfactoria a sus demandas.
Tal parece que los dichos de uno de los involucrados fuera cierta. Dice a los cuatro vientos que a él no le harán nada, porque es amigo del ministro Fernando Franco González Salas, ¿será?
Decepcionadas, las trabajadoras que se atrevieron a presentar su queja comentan. “Si eres víctima de acoso laboral o acoso sexual, mejor no denuncies, no sirve de nada”
Continúan las irregularidades en el Canal Judicial
Después de que el anterior director del Canal Judicial fue obligado a renunciar al cargo, a partir de que se presentaron denuncias por acoso laboral y sexual en su contra y de sus principales colaboradores, el contralor interno de la SCJN, Juan Claudio Delgado Ortiz Mena abrió una investigación al respecto.
Más de 20 trabajadores y trabajadores desfilaron ante el funcionario para dar su testimonio y denunciar los abusos a que fueron sometidos.
A casi un año de distancia de los hechos, la investigación sigue abierta e incluso, han salido a la luz presuntas irregularidades de la anterior y de la actual administración.
El 30 de noviembre de 2015, la directora del Canal Judicial, Magdalena Acosta emitió una circular, en la que da cuenta que por instrucciones de Delgado, se implementaron, a partir de esa fecha, “medidas de seguridad eficientes” para frenar el “extravío de diversos bienes”.
Es un secreto a voces que al asumir el cargo en abril del año pasado, Acosta detectó que faltaban cámaras de video y otros materiales.
La circular confirma la sospecha al señalar que “de forma momentánea y atendiendo la urgencia de la situación, todo material y equipo que salga del edificio del Canal Judicial deberá contar con un vale que ampare dicha salida…”.
La Suprema Corte mantiene abierta la investigación sobre irregularidades denunciadas en el Canal Judicial, lo cual coloca en una delicada incertidumbre jurídica a los funcionarios involucrados.
¿Qué pasará si son designados a cargos de la administración pública federal y resulta que la Corte los encontró responsables?
Por el bien de los ex funcionarios involucrados -empezando por el ex director del Canal Judicial, Enrique Rodríguez Martínez- y de los quejosos, la Suprema Corte debe informar los resultados de su indagatoria y deslindar las responsabilidades correspondientes.
