Minera canadiense opera pese a suspensión de concesión

José Antonio Román

Ciudad de México. A pesar de que desde dos años, por diversas vías jurídicas, tiene suspendido el título de concesión, la empresa minera canadiense Almaden Minerals sigue operando de manera ilegal en la exploración en el Proyecto Ixtaca, asentado en la sierra norte de Puebla, para extraer oro y plata.

Además, ha omitido información a inversionistas y autoridades mexicanas, y actualmente cotiza acciones para financiar una nueva fase de exploración, sin notificar que enfrenta un recurso legal interpuesto por comunidades indígenas de la zona, a través del amparo 445/2015 radicado en un Juzgado de Puebla.

En conferencia de prensa, un grupo de pobladores afectados por la actividad minera de la empresa canadiense, en el municipio de Ixtacamaxtitlán, denunciaron que estas violaciones se han dado con la complacencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno que han evadido su responsabilidades, en particular las secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Economía, la Procuraduría General de Protección al Medio Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Alejandro Marreros de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua, señaló que el proyecto minero a cielo abierto está montado en más de 13 mil hectáreas –dedicadas al cultivo y actividades productivas-, afectando a más de 15 comunidades indígenas.

Además, dijo que el proyecto se asienta en la cabecera de la cuenca del río Apulco, a unos cuantos metros de la población de Santa María. En caso de derrame afectaría 200 kilómetros, hasta su desemboque en el río Tecolutla y llegada al Golfo de México.

Acompañados de las organizaciones civiles Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder), Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), y la mencionada Unión de Ejidos, los pobladores de Ixtacamaxtitlán, señalaron que la empresa tampoco ha comunicado los alcances de su proyecto a las comunidades afectadas, y se ha reservado la información sobre los riesgos que conlleva este proyecto para el medio ambiente, el agua y la salud.

Diana Pérez, de Imdec, y Patricia Legarreta, de Poder, presentaron los resultados de la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) realizado en la zona, que concluye que las actividades del proyecto minero de Almaden afectarían severamente la salud de la población del área de impacto por exposición, ya sea por ingestión, inhalación y contacto con la piel de sustancias peligrosas y de alteración del medio ambiente.

Esta evaluación concluye que la presencia de la empresa en Ixtacamaxtitlán pone en riesgo los derechos al agua, a un medio ambiente sano y a la salud de la población, e incrementa la competencia por el agua y la tierra.

El estudio enumera una larga lista de acciones y omisiones de la empresa, entre las cuales desconoce a la población de Ixtacamaxtitlán, pues se niega a reunirse con sus representantes para conocer los resultados del EIDH; ha demandado al gobierno mexicano porque no quiere pagar impuestos y se niega a realizar la consulta previa e informada a la población, y fue multada por la Profepa en 2009 por irregularidades por el proceso de explotación.

Incluso, a pesar de que ha iniciado la compra de un molino de trituración de roca que traerá de Canadá, aunque a los pobladores y organizaciones civiles informó que “no tiene intención de explotar la mina”.

Los afectados y organizaciones que los acompañan instaron a la Semarnat a que no otorgue más permisos a la empresa, y a la Profepa a que sancione a la compañía por las irregularidades documentadas.

Los afectados y organizaciones que los acompañan instaron a la Semarnat a que no otorgue más permisos a la empresa, y a la Profepa a que sancione a la compañía por las irregularidades documentadas.