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Niega juez tramitar inspección en Sta Lucía, denuncian pueblos de Tecámac

Mapa de Santa Lucía que presentó el presidente López Obrador durante un primer recorrido por la base aérea militar, en noviembre de 2018. Foto: Cuartoscuro

César Arellano García

Ciudad de México. Pueblos y comunidades indígenas originarios de Tecámac denunciaron que el Juez Décimo Cuarto de Distrito, con sede Naucalpan, negó tramitar la inspección judicial en la Base Área No. 1 en Santa  Lucía, donde se construirá el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), que ordenó el Juez quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México,  el pasado 24 de septiembre.

La inspección judicial solicitada dentro del juicio amparo 1248/2019 forma parte de los 10 amparos de los 12 Pueblos Indígenas de Tecámac.

Tiene como objetivo verificar el  estado actual de la instalación aérea militar y, a su vez, que el juez federal acredite que han iniciado los trabajos de construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, estado de México, además de cerciorarse de los «inminentes e irreversibles» daños al medio ambiente e integridad de los habitantes del pueblo indígena de Santa María Ajoloapan.

El asesor jurídico de los afectados, Bernard Flores, reiteró que el juez federal de Naucalpan, en su carácter de auxiliar del Juez Quinto, se extralimitó al  negar la inspección judicial pues esto solo corresponde al Juez Federal, Juan Carlos Guzmán Rosas, en donde se tramitan todos los recursos contra el aeródromo civil/militar en Santa  Lucía.

«Lo anterior es muy grave, ya que evidencia una arbitrariedad del juez federal con sede  en Naucalpan, Raúl García Camacho, quien sin causa justificada y sin facultades para negar  la inspección, obstruye el acceso a la justicia de los Pueblos y Comunidades Indígenas que  son el sustento de la nación. Lo que hace ver dudas y suspicacias en la actuación del Poder Judicial Federal y, puesto que parece beneficiar al Poder Ejecutivo Federal.

«Con la ilegalidad, el Poder Judicial Federal quebranta el Estado de derecho y, a su  vez, legaliza la violación de los derechos humanos de todos los mexicanos, y particularmente los indígenas. Es desafortunado que esté pasado esto hoy, máxime cuando el pasado 22 de agosto, al rendir su informe de labores, el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea sostuvo que «mientras no proporcionemos una defensa de calidad a los olvidados, a los indígenas, a las mujeres, a los más desprotegidos, estaremos en deuda con el pueblo de México que está cansado de injusticia, de pobreza, de corrupción y de desigualdad.»

Es por ello, agregó Bernard Flores, se debe exigir al presidente del Consejo de la Judicatura, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, como a los consejeros de este órgano colegiado, «que garanticen la impartición de Justicia Federal a las Comunidades y Pueblos Indígenas con base a los principios rectores previstos en la Ley Suprema de Toda la Unión Mexicana y, más aún, en los juicios de que han accionado civilizadamente los 12 Pueblos Indígenas de Tecámac».

JSL
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