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Niegan amparo a ex rector de la UPSZ, ligado a caso de Rosario Robles

En la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas. Foto: tomada de Google Maps

César Arellano García​

El ex rector de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ), Salvador Lara Martínez, se le han agotado los recursos contra el fallo del juzgado primero de distrito en materia penal en la Ciudad de México que le negó un amparo contra la sentencia dictada por un juez de control federal.

Se le vincula en la firma de contratos otorgados a universidades por la desaparecidas secretarias de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuando Rosario Robles Berlanga encabezó ambas dependencias en la administración federal pasada.​

A Lara Martínez, junto con el ex rector de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero de Hidalgo, Juan de Dios Nochebuena Hernández, así como el entonces director general de ordenamiento territorial y atención a zonas de riesgo de la Sedatu, Armando Saldaña Flores, han interpuesto recursos luego de que jueces federales ordenaron reponer sus audiencias, sin embargo de nuevo fueron vinculados a proceso e insisten buscar la protección de la justicia a través de amparos de revisión en tribunales colegiados.​

Lara Martínez fue de los primeros acusados y vinculados a proceso el año pasado por este caso, al causar un presunto daño patrimonial por más de 8 millones de pesos, luego de suscribir contratos con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa). Además la Secretaría de la Función Pública (SFP) lo inhabilitó pro 20 años, junto con otros tres ex funcionarios de la misma Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, ante la falta de pruebas para subsanar el desvío de recursos que realizaron en 2016.​

De acuerdo con los 24 dictámenes técnicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que presentó la fiscalía como dato de prueba en la audiencia de vinculación a proceso de Rosario Robles en agosto pasado, de los más de 5 mil millones de pesos que se desviaron del erario federal para obras no entregadas y trabajos no realizados, 3 mil millones presuntamente se entregaron a instituciones académicas, entre ellas las que se ubican en el estado de México, Hidalgo, Quintana Roo y Chiapas.

JSL
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