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Alonso Urrutia
Ciudad de México. La instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal que entró en este año requirió una inversión de 21 mil millones de pesos a lo largo de cuatro años que se fue adaptando el marco legal, la infraestructura y el modelo de actuación de los poderes involucrados, según datos de la Presidencia de la República que precisó que esto implicó reformar 400 leyes en las 32 entidades del país.
A nivel nacional, este cambio sustancial en el modelo de justicia requirió que el Congreso de la Unión aprobará o modificará 21 ordenamientos legales, lo cual, a su vez, motivo la necesidad de capacitación de 271 mil funcionarios públicos de los diversos perfiles que de requeriré en: jueces. Ministerios públicos, policías de investigación abogados litigantes y asesores jurídicos de las victimas.
Tales serán parte de las acciones que el presidente, Enrique Peña Nieto expondrá al inaugurar la 59 Reunión Anual de la Unión Internacional de Magistrados a efectuarse en un hotel de la Ciudad de México.
De acuerdo a la información oficial, entre las modificaciones que ha traído ya su aplicación destaca la reducción del costo en el ejercicio de las medidas cautelares como es la presión preventiva. Cada día de presión preventiva implica para el Estado aproximadamente 220 pesos a nivel federal , aunque su costo es diverso por cada entidad, pues en el caso de Morelos, el gasto diario por este concepto es de 11 pesos, en tanto que en Baja California es de 40 pesos.
Datos oficiales revelan que tres entidades muestran reducciones en la aplicación de la medida cautelar carcelarias: Nuevo León , de 45 por ciento a 25 por ciento, Morelos, de 47 a 29 por ciento e igual proporción en Baja California.
