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Oficialía Mayor de Sedesol, quien maneja recursos: De León Mojarro

“Que se investigue y castigue con todo el peso de la ley a quien hizo mal uso de los 124 millones de pesos si eso se acredita”, dijo el ex coordinador de la Unidad de Delegaciones de la extinta Sedesol, Pedro de León Mojarro. Foto: César Arellano

César Arellano García

Ciudad de México. El ex coordinador de la Unidad de Delegaciones de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Pedro de León Mojarro, advirtió que se reservará el derecho de interponer una demanda por daño moral contra la Auditoria Superior de la Federación (ASF), luego de que un juez de control en Ciudad de México resolvió no vincularlo a proceso por el presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

Agregó que la Oficialía Mayor de Sedesol, cuyo titular era Emilio Zebadúa, era la encargada de las contrataciones y quien maneja los recursos para pagar los diferentes convenios que se firmaron durante la gestión de Rosario Robles. “Que se investigue y castigue con todo el peso de la ley a quien hizo mal uso de los 124 millones de pesos si eso se acredita”.

¿Por quién llegó a este cargo en Sedesol?

-Por el nombramiento de la (ex) secretaria Rosario Robles. Ella me invitó a trabajar.

¿Ha habló con ella en este transcurso del proceso jurídico?

-No. Yo estoy en Zacatecas.

Mojarro es cuñado del ex gobernador de Zacatecas Miguel Alonso Reyes. Fue aspirante fallido a la gubernatura, primero por el PRI, luego por la coalición PRD-PAN, y buscó un lugar en el Senado por el PRD.

La Fiscalía General de la República (FGR), quien apelará el fallo, lo acusa de causar supuesto quebranto a la hacienda pública por 124 millones 100 mil pesos al suscribir presuntamente «de manera indebida» el convenio UCD/33901/010/2015 con la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM) y la extinta Sedesol, el 5 de marzo de 2015. Sin embargo, ayer el impartidor de justicia consideró que no acreditó el delito que le imputó al ex funcionario.

En entrevista negó que haya manejado recursos en el convenio con la Universidad Intercultural. “Los recursos en cualquier lugar o país es la Oficialía Mayor la que se encarga. Nosotros no decidimos contratar con esa universidad, no decidimos la forma o el monto. Todo esto corre a cargo de la Oficialía Mayor que es la que maneja el recurso. Por eso decía qué rara imputación. Nosotros fuimos los operativos que nos preocupamos por sacar nuestro millón de CUIS y que la auditoría nos aprobó y que ahora el imputado sea yo y que nadie aparezca de la Oficialía Mayor”.

¿Ellos son los que deberían estar aquí? Se le preguntó.

-Bueno, los que manejan el dinero, porque además fue una auditoria financiera.

-¿A usted quién le dijo que hiciera este con la universidad bajo la excepción del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, la Oficialía Mayor?

-Sí, es el procedimiento natural y ordinario

¿El ex oficial Emilio Zebadúa fue quién le dio esta encomienda?

-No, nosotros no teníamos plática con él. Los de Baez para abajo con quienes nosotros platicábamos.

Francisco Javier Báez Álvarez, quien se refiere Mojarro, fue director general de Programación y presupuesto, dependiente del Oficial Mayor de Sedesol, Emilio Zebadúa. La semana pasada, el mismo juez de control no encontró elementos suficientes para vincular a proceso, pero como ex director de Programación y Presupuesto de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). La FGR lo indagaba por el probable delito de uso indebido de atribuciones y facultades por el presunto desvío de 185 millones 839 mil pesos.

De acuerdo con la fiscalía, el ex funcionario autorizó el pago de nueve facturas relacionadas con la firma del convenio SEDATU/DGAPADN-UPFIM/ 339901.03/2016, en febrero de 2016 con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero del estado de Hidalgo, a pesar de que no verificó que se cumplieran los lineamientos ni las reglas establecidas para su ejecución.

¿Qué opinión tiene de que Báez ya libró su primer proceso?

-Sí él argumentó y fue válido que tenía subordinados que le dijeron que estaba bien las facturas, pues obró de buena fe como naturalmente tenemos que hacerlo los servidores públicos.

¿Considera que había algún otro tipo de motivación ajena a la jurídica en estas denuncias e imputaciones?

-No me corresponde juzgarlo. Sostengo que el dictamen de la Auditoría Superior fue arbitrario e ilegal como hoy quedó demostrado y que ensuciaron mi curriculum de 43 años de servicio público. Nunca había tenido una queja y vaya que he manejado muchísimos recursos. Nunca había estado en una situación tan lamentable como esta, pero bendito sea Dios salimos bien.

JSL
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