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Ojarasca / De la resistencia a la ofensiva

Josefa S. Conteras

En 1996 Guatemala y México atravesaron momentos determinantes en la relación de los pueblos indígenas y el Estado. Me refiero a los acuerdos de paz y los diálogos de San Andrés Sakamch´en. El común de estas realidades radica en abordar las luchas indígenas a la luz de las circunstancias políticas generadas por las confrontaciones directas entre la guerrilla y el Estado. Siendo característica de ambos países que los diálogos suscitados fueran determinados por la instauración de un modelo económico neoliberal basado en el extractivismo.

A veinte años de los acuerdos de San Andrés Sakamch´en y la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, ¿se puede afirmar que las luchas indígenas que han protagonizado dichos procesos están desembocado en una institucionalización funcional al Estado? Considerando la propuesta del Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de constituir en México un Concejo Indígena de Gobierno (CIG), cuya vocera sea una mujer indígena, candidata independiente a las elecciones presidenciales de 2018, ¿se puede instaurar un paralelismo con el caso guatemalteco, donde el Movimiento Maya se insertó en una lógica integracionista que abona a la construcción de un Estado “multicultural” candidateando a la líder indígena Rigoberta Menchú por el partido Winaq?

El 26 de diciembre del 2016, Guatemala celebró el 20 aniversario de la firma de paz entre el Estado y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que prometía la transición de un Estado guatemalteco racista, violento y excluyente a uno “multicultural” (Bastos, 2010: 3). La participación de las comunidades en estos acuerdos resultaba fundamental, ya que habían sido el sector más violentado durante la guerra, y encontrándose en medio de la trinchera entre Estado y guerrilla, se habían convertido en un blanco específico, como se vio en la llamada táctica de tierra arrasada. No obstante, su participación en este proceso de paz se redujo a la integración de la Coordinadora de Organizaciones para el Pueblo Maya de Guatemala (COPMAGUA) en 1994, incidiendo directamente en la definición del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI) firmado en 1995 por el Gobierno-Ejército y la URNG (Tzul, 2016: 72).

La COPMAGUA acudió al llamado de la Asamblea de Sectores Civiles (ASC) y desde esta instancia participó como sector indígena de Guatemala en los diálogos de paz, mismo que derivo en el llamado Movimiento Maya, posicionándose como interlocutor directo frente al Estado. Mientras que para este movimiento el reconocimiento de identidad se convertía en una de las principales peticiones y parte de su objetivo se centraba en el desarrollo de las comunidades, paralela y alternamente se desplegaban una serie de acciones por la recuperación de tierra (Tzul, 201: 69). Sin embargo, estas pugnas por el territorio y autogobierno, resumidas en autonomía, quedaron omitidas por el Estado guatemalteco y, contrario a lo que se esperaría, el Movimiento Maya cedió, olvidando el corazón de las reivindicaciones indígenas, en la definición y caracterización de la nación guatemalteca que salió de los AIDPI.

Desde entonces los resultados y reconocimiento de los indígenas se expresan en la entrada de figuras mayas a puestos del gobierno y la creación de espacios específicos para la gestión de políticas mayas (Bastos, 2010: 15).

A contrapelo a esta lectura sobre los acuerdos de paz, Gladys Tzul Tzul pone el dedo en la llaga enumerando las razones que constituyen el nudo problemático que han representado estos acuerdos para las comunidades. El “problema indígena” no se resolvió, ya que las demandas del Movimiento Maya siempre fueron integracionistas y siguieron una lógica estatal enarbolando una bandera identitaria que descuidó el tema crucial del territorio y autogobierno. Este descuido no fue casual, y reveló que su estructura organizativa no estaba basada en las asambleas comunales, pues se constituía de organizaciones cuyo objetivo era trabajar en el desarrollo comunitario, entendido como la aplicación de proyectos para la mercantilización de la tierra (Tzul, 2016: 72)

Así, la lógica del movimiento indígena post acuerdos siguió lineamientos estatistas, siendo el remate la experiencia electoral que representó Rigoberta Menchú con el partido Winaq. El lema de 2007, “De la resistencia al poder”, consumaba el proceso político que protagonizaron los indígenas en el marco de los acuerdos de paz y anunciaba las siguientes iniciativas partidistas electorales de las vertientes indigenistas e izquierdistas.

Paralelamente a la firma de la paz en Guatemala, en México se discutía la mesa de Derechos y Cultura Indígenas en San Andrés Sakamch´en, entre el Estado y el EZLN. Es importante notar que el tema de la autonomía inicialmente no se encontraba entre las demandas de los insurgentes. Fue en 1996 cuando este punto se colocó en la agenda política nacional como parte del apartado Derechos y Cultura indígena, conformado por seis mesas: Libre determinación y Autonomía; Procuración de Justicia; Participación y Representación política; Derechos de la mujer indígena; Acceso a los medios de comunicación, y Lengua y Cultura. Posterior a la firma de los Acuerdos de San Andrés, en octubre de 1996 nació el CNI. Sus orígenes se encuentran en el Foro Nacional Indígena Permanente convocado por el EZLN antes de iniciar la tercera fase del dialogo; la intención era poner a consideración de las representaciones de cientos de pueblos, comunidades y organizaciones los avances de las mesas y las propuestas emanadas de las dos fases anteriores.

A diferencia del caso guatemalteco, el horizonte político del EZLN—CNI no se centró en una reivindicación identitaria sino en la reconstitución integral de los pueblos y la construcción de una nueva relación con el Estado nacional. La experiencia de años de resistencias indígenas se encontraron y se hicieron con el EZLN dando nacimiento al CNI, concentrando sus reivindicaciones en los acuerdos de San Andres Sacamch´en; en ese sentido las resistencias o comunalidades de los pueblos indígenas de México no se vieron “eclipsadas” por los insurgentes.

El CNI participó en todas las iniciativas que el EZLN llevó adelante para lograr la incorporación de los acuerdos a la Constitución, hasta el 2001, cuando dichos acuerdos fueron traicionados por el Estado y la clase política mediante la aplicación de una contrarreforma expresada en la “Ley Indígena” (la “Ley Barttlet–Cevallos–Ortega”), misma que fue rechazada por el CNI ya que no recogía el espíritu de los acuerdos, pues modificaba en forma sustancial la Iniciativa de Reforma Constitucional elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA).

Esta contrarreforma canceló la reanudación del diálogo entre el gobierno y el EZLN, imposibilitando la construcción de una paz justa y digna. Por esta razón el CNI replanteó sus objetivos tácticos y desconoció la “Ley indígena”, proclamando los Acuerdos de San Andrés como ley propia y llamando al ejercicio directo de la autonomía indígena. De ahí el EZLN dio nacimiento a los Caracoles autónomos y las Juntas de Buen Gobierno en agosto de 2003.

En 2006 se celebró el cuarto CNI en la comunidad hñahñu de San Pedro Atlapulco. Allí el Congreso se adhirió a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y asumió abiertamente un perfil anticapitalista, de abajo y a la izquierda. Desde entonces sus pasos siguieron encaminados al ejercicio de la autonomía en los hechos, la defensa de los territorios y el ejercicio de los sistemas normativos propios, así como el derecho a la autodefensa proclamado en Santa María Ostula el 14 de junio de 2009.

Diez años después, en octubre de 2016, se realizó el quinto CNI y la celebración de su 20 aniversario. En este marco se ratificó la postura anticapitalista y surgió la polémica propuesta de una candidata indígena independiente  a las elecciones presidenciales mexicanas del próximo año.

Mirando a lo que siguió la firma de los tratados de paz, podemos afirmar que tanto Guatemala como México revelan que en sus coyunturas de diálogos entre el Estado y las fuerzas beligerantes, el tema de la autonomía sigue siendo anulado completamente por los Estados; por el contrario, han impuesto una agenda encaminada a blindar el modelo económico neoliberal extractivista.

Una de las grandes diferencias, sin embargo, radica en la relación de los grupos guerrilleros con las comunidades indígenas. En Guatemala, la guerra se volvió el pretexto perfecto para despojarlas de territorios, las llevó a ser descomunalmente violentadas por las políticas contrainsurgentes de un Estado criminal: desapariciones forzadas, masacres de aldeas enteras, violaciones y asesinatos de mujeres y niños llenan los expedientes de los años ochenta.

En el caso mexicano, en cambio, el EZLN, desde el cese al fuego demandado por la sociedad civil, ha optado por iniciativas pacíficas, llamando a la colaboración de los sectores disidentes antes que concentrarse en la lucha armada, pasando del arma de fuego al arma política. Desde ahí toma sentido la propuesta conjunta EZLN–CNI, sobre todo cuando el diálogo con el gobierno federal se encuentra interrumpido y el CNI no ha sucumbido a las dádivas contrareformistas. Así, sin la intención de deslegitimar el proceso guatemalteco ni descalificar la necesaria firma de paz, es necesario resaltar que las reivindicaciones indígenas y las luchas por las autonomías para el caso mexicano se han ejercido de facto durante estos veinte años, y actualmente están proponiendo en la agenda política nacional como respuesta al incremento del despojo y la represión.

El caso guatemalteco enseña que la propuesta es susceptible de ser cooptada, capitalizada por pretendidas líderes e interlocutores del movimiento indígena y neutralizada por reformas integracionistas que contrarrestan las luchas por las autonomías. De la misma manera, los nuevos rostros del indigenismo, la subsunción del discurso reivindicativo, los mecanismos integracionistas al Estado y la invasión de los partidos políticos en zonas autónomas son los riesgos que corre la propuesta en México, tal como lo ilustran las políticas del Estado guatemalteco.

En Guatemala, los acuerdos de paz han sido funcionales para la instauración del Tratado de Libre Comercio (TLC) y la creación de un paraíso extractivo para las empresas trasnacionales, desmovilizando, omitiendo y cooptando las luchas indígenas. En el caso mexicano, igual se aprobó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 y se han concesionado los territorios indígenas a empresas trasnacionales, pero tanto la expresión guerrillera como la lucha indígena no han claudicado y actualmente discuten con los pueblos la propuesta de una indígena como candidata independiente para 2018, donde lo que se propone no es la formación de un partido indígena o étnico, sino la confrontación directa con una lógica de política asimétrica que, a su vez, interpela y desafía a la democracia neoliberal electorera, contraponiéndole un Concejo Indígena de Gobierno (CIG).

De ésta manera, CNI y EZLN insertan la noción de política comunal en la arena de la política neoliberal – colonial, expresándola a través de un CIG cuya agenda mantiene como premisas la autonomía y la reconstitución integral de los pueblos. Hay un cuestionamiento claro al régimen y funcionamiento de la política estatal, golpeándola justo en su estructura electoral en el momento en que exhibe al máximo la corrupción de su pervertido y obsoleto sistema partidario.

En la segunda etapa del quinto CNI, realizada los pasados días 30 y 31 de diciembre y 1 de enero, los resultados de la consulta mostraron la participación de 43 lenguas en 523 comunidades consultadas. La mayoría aprobó la propuesta, mientras 80 siguen en proceso de consulta. Lo relevante de los resultados es que a diferencia del Movimiento Maya, el CNI no está constituido sólo por organizaciones y colectivos sino también por asambleas comunales y ejidales. Basta escuchar a los pueblos ch´oles, nayeri, tseltales, wirrarikas, ñu savi, afromestizos, nahuas o chontales, por mencionar algunos, que se han presentado a título de asambleas comunales y han aprobado la propuesta. Sin embargo la iniciativa no se reduce a un “a favor” o “en contra”, pues lo importante es que estos pueblos representan un gran proceso de lucha y defensa de sus territorios contra megaproyectos mineros, gaseoducto, madereras y privatización del agua, lo que posibilita pensar la real constitución de un CIG.

No obstante, parte de la dificultad radica en el fortalecimiento de los sistemas de gobiernos comunales en pueblos cuyas asambleas se encuentran fragmentadas por los partidos. En esos lugares es incierta la repercusión que tendrá el mensaje del CNI–EZLN en la coyuntura electoral, así como en las zonas donde no se ha logrado consultar por la presencia del crimen organizado. El hecho de que comunidades en procesos de autonomía hayan abrazado la propuesta confirma que el Concejo Indígena de Gobierno, si bien no es un proceso consumado, está lejos de ser una inflación mediática o un caparazón vacío. De ser así, la propuesta del EZLN—CNI estaría desafiando la tutela partidaria y estatal para llevar su propia forma de gobierno a escala nacional, pasando de la resistencia a la ofensiva, no de la resistencia al poder