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La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó a reforzar la institucionalidad encargada de la búsqueda y la investigación penal de las personas desaparecidas y a expedir y consolidar las herramientas, registros y bases de datos indispensables para una implementación efectiva de la ley general en materia de desaparición, asegurando en todo momento la participación de las víctimas.
En el marco del sexto aniversario de la entrada en vigor de esta norma, destacó que “sin una institucionalidad robusta, la carga continuará recayendo indebidamente en las familias y algunos de los avances podrían revertirse o colocarse en riesgo”.
En este sentido, en medio de los señalamientos contra la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, con la que el gobierno federal reconoce a 92 mil personas en esta condición, la ONU-DH se pronunció por que todos los esfuerzos de este tipo “sean transparentes; cuenten con una metodología clara y del conocimiento público; se ajusten a la dispuesto en la Ley General y en los protocolos vigentes”,
Igualmente, que las actualizaciones se realicen con independencia, objetividad e imparcialidad; sean liderados por las autoridades especializadas en la materia; aseguren la fiabilidad, completitud, integridad y protección de la información recabada; alberguen información desagregada; eviten la revictimización, y garanticen la participación de las víctimas.
Subrayó que el Registro Nacional “debe ser una fuente de certeza, cohesión, colaboración e impulso para la búsqueda”.
En un comunicado, la ONU-DH también alentó a que se expidan el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, el Reglamento de la Ley General y el Reglamento de la Comisión Nacional de Búsqueda.
“Resulta también apremiante que se garantice el funcionamiento efectivo del Banco Nacional de Datos Forenses, del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, y del Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas”, expuso.
Aseguró que la ausencia o la falta de operación íntegra de dichos instrumentos establecidos en la Ley General ha socavado la viabilidad de localizar a las personas desaparecidas y sancionar a los responsables del delito.
“Las víctimas tienen el derecho a conocer la verdad. Los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares materializan uno de sus variados y deleznables objetivos cuando también dificultan o imposibilitan su registro certero. El dolor que causa la desaparición de personas es inconmensurable, la magnitud de los casos perpetrados no debe serlo. Se trata de seres humanos que han sido desaparecidos y el Estado tiene la responsabilidad de documentarlo correctamente”, manifestó.
Al ser el 2024 un año en el que se celebrarán elecciones federales y estatales, la ONU-DH alentó a todos los actores políticos a asumir el compromiso de impulsar una política de Estado en materia de desaparición de personas, escuchando con atención y respeto la voz de las víctimas. “La unidad de propósitos y la convergencia de voluntades es indispensable para enfrentar el gran desafío”, sostuvo.
Indicó que las instituciones encargadas de la búsqueda de personas, la investigación penal y la atención a las víctimas deben afianzarse. Subrayó la relevancia de contar con estructuras y equipos óptimos, capaces de amplificar y dar sostenibilidad a los esfuerzos realizados”.
Para asegurar la implementación apropiada de la Ley General, la Oficina de la ONUDH apuntó que se requieren, por tanto, instituciones especializadas, con personal capacitado, sensible al tema, con estabilidad laboral, con las garantías indispensables para el adecuado cumplimiento de sus funciones y sometido a ejercicios de rendición de cuentas sobre la base de parámetros objetivos. Además, debe ser dotado de los recursos necesarios, estar dispuesto a trabajar coordinadamente, contar con la voluntad de observar el principio de participación conjunta y entablar diálogos sustantivos con las víctimas.
