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Emir Olivares Alonso
México, DF. Los expertos que conformaron la misión en México del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas presentaron este martes un informe de seguimiento a las recomendaciones que formularon al gobierno mexicano tras su visita al país en marzo de 2011 para verificar la situación relacionada con este delito.
El reporte se dio a conocer ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, Suiza, donde el Grupo de Trabajo expuso su pesar ante los pocos avances en la implementación de las recomendaciones realizadas por parte de las autoridades mexicanas.
“Especialmente preocupante resulta el constatar que la mayoría de las recomendaciones fundamentales para enfrenar los problemas estructurales en materia de desaparición forzada no han sido plenamente implementadas. Pero más preocupante le resulta al Grupo de Trabajo la situación deteriorada que prevalece en México desde que realizó su visita y presentó su informe”.
Los expertos de este grupo coincidieron con la afirmación del Comité contra la Desaparición Forzada, que en febrero pasado sostuvo que “la información recibida por el Comité ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”.
En el reporte presentado este 15 de septiembre, los integrantes del Grupo aseguraron que si bien valoran que el Estado mexicano indique en su respuesta que enfrenta “retos y desafíos” en materia de derechos humanos, incluyendo la desaparición forzada, los expertos constataron que “el incipiente reconocimiento discursivo al problema de la desaparición forzada no ha sido consistente, uniforme y homogéneo entre todas las autoridades del Estado mexicano, ni al más alto nivel. Tampoco ha habido un reconocimiento respecto de la dimensión del problema, tal y como lo recomendó el Grupo de Trabajo”.
Apuntaron que no existe un diagnóstico nacional sobre el problema que permita desarrollar las medidas integrales y efectivas para su prevención, erradicación, investigación, sanción y reparación. “Esta falta de reconocimiento cabal a la dimensión del problema se evidenció de manera cruda con la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas (de Ayotzinapa) en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, y las investigaciones tardías y deficientes que le siguieron; con las estadísticas oficiales, que aún con sus limitaciones, muestran una situación particularmente crítica, así como con el descubrimiento de fosas clandestinas en diversas partes de la República”.
Por ello, los expertos del Grupo de Trabajo de la ONU conminaron a las autoridades mexicanas a aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales de acuerdo con lo establecido en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
