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Ordena juez a FGR brindar protección a la testigo Venus

Imagen tomada de Twitter

Dennis A. García

Un juez federal de Veracruz ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) que otorgue la protección policial suficiente a la testigo Venus, al considerar que su integridad física corre peligro.

Desde mayo de 2015 Venus (nombre clave) fue dada de baja del programa de testigos colaboradores, no obstante, la FGR la continúa requiriendo en diligencias sin las medidas de protección que marcan diversas leyes.

Al acudir a una diligencia de ampliación de declaración en la causa penal 141/2011, Venus pidió al juez que ordenara a la FGR se implementen las medidas de protección como se establece en la Ley Federal de Protección a Personas que Participan en el Procedimiento Penal “toda vez que ya no formo parte del programa de testigos colaboradores” y “he sido víctima de amenazas”.

El juez Mario de la Medina Soto, con residencia en Boca del Río, señaló que de lo referido por la testigo “se advierte que puede estar en peligro su integridad física y toda vez que el artículo 253 bis del Código Federal de Procedimientos Penales faculta al suscrito a solicitar, durante el proceso, a la ahora Fiscalía otorgue la protección policial suficiente a los testigos, cuando por su intervención en un procedimiento penal sobre delitos relacionados con la delincuencia organizada así lo requieran”.

A través de un oficio con fecha del 23 de abril del año en curso, el juez instruyó a al delegado de la FGR que otorgue la protección a la testigo “a efecto de preservar su integridad física, haciendo del conocimiento al delegado que se inmediato deberá tomar las medidas necesarias para ese fin e informarlo a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de tres días contando a partir de su notificación”.

Durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón aumentó de manera considerable el número de testigos colaboradores; en julio de 2010 Venus fue dada de alta en dicho programa.

Desde entonces comenzó a acudir a diligencias en las que era requerida por el ministerio público federal para señalar a integrantes del crimen organizado y sus funciones dentro de las estructuras, hasta ser requerida para declarar contra 400 personas.

A principios del año 2015 recibió la notificación de que sería dada de baja del programa con lo que perdía la protección y el pago mensual que recibía; sin embargo la dependencia todavía la requiere en calidad de testigo colaborador.

Fuera del programa ha acudido a 70 diligencias, aproximadamente, sin la protección que señalan las leyes; de esos asuntos, 20 casos son nuevos donde el ministerio público la oferta como testigo.

JSL
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