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En la zona norte de Tijuana funcionan la mayoría de bares, giros negros y moteles donde se practica la prostitución. Foto Roberto Armocida / La Jornada BC
Por Antonio Heras, corresponsal
Tijuana, BC. Los gobiernos de Tijuana y Baja California tienen una doble moral porque buscan legitimar políticas públicas que promueven la violación de los derechos humanos, señaló la coordinadora de la Red Iberoamericana de Derechos Humanos, Meritxell Calderón.
Sobre la promoción del turismo sexual en la frontera, calificó de penosa y lamentable la postura del alcalde Jorge Astiazaran por los esfuerzos que realiza la sociedad civil contra la violencia de todo tipo (bullying, intrafamiliar, feminicidos), pero las autoridades buscan perpetuar la violencia con políticas públicas y buscan legitimar acciones que son delictivas.
El debate sobre la violencia a la mujer y una serie de delitos de los que son víctimas en esta frontera no se abrió a partir de la promoción del turismo sexual por parte del ayuntamiento de Tijuana y su relación con los giros negros de la Zona Norte, sino de la situación que trajo consigo la solicitud de alerta de violencia de género en Baja California.
A diferencia de otras entidades, dijo, tenemos esperanza que se emita la alerta porque el gobierno estatal está obligado a realizar acciones para cumplir con las 14 recomendaciones que se le hizo por el diagnóstico presentó ante la Secretaria de Gobernación.
Diversos diagnósticos de organismos nacionales e internacionales coinciden en señalar que en la frontera de Baja California, sobre todo en las ciudades de Tijuana y Mexicali, existe una situación de vulnerabilidad de las mujeres, donde destacan los feminicidos y la trata de personas.
Calderón sostuvo que en lugar de bajar índices de violencia y promover una vida libre de violencia a las mujeres, se abandonaron los procedimientos de mediación y se interrumpió el proceso de paz en Tijuana, luego de los años de violencia pie la lucha entre el crimen organizado.
