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Pide consejo del IFT interponer controversia contra Panaut

El Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones recomendó al pleno de este organismo que interponga una controversia constitucional en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Foto ‘La Jornada’ / Archivo

Dora Villanueva

El Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) recomendó al pleno de este organismo que interponga una controversia constitucional en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).

Argumentó que el decreto publicado el 16 de abril “genera una afectación a la esfera competencial del IFT al obstaculizarle la promoción del desarrollo eficiente del sector de radiodifusión y telecomunicaciones garantizando los derechos de acceso a las tecnologías de la información y comunicación”.

Explicó que además de la violación a otros derechos fundamentales como el de la presunción de inocencia —en si misma materia de una controversia constitucional— el decreto que da origen al Panaut implica la “desprotección masiva de derechos”, priva de una conexión y promueve la marginación digital de los ciudadanos.

El Consejo Consultivo subrayó que por mandato constitucional, el IFT tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales.

En ese sentido “el IFT, el pleno y los servidores públicos integrantes de esta institución tienen la obligación constitucional de ejercer sus atribuciones bajo el principio pro persona de tal forma que en su actuar debe de favorecer a aquellas acciones que mejor garanticen los derechos humanos establecidos en la Constitución y, en particular, los que le han sido directamente encomendados”, destaca el documento.

La recomendación del Consejo Consultivo fue aprobada por mayoría, se registraron cuatro abstenciones, las de Salvador Landeros Ayala y María Catalina Ovando Chico, debido a que ellos reconocieron un conflicto de interés, la de Mario de La Cruz Sarabia porque dijo carecer de elemento técnico necesario para secundar la recomendación y la de Armida Sánchez Arellano, directora senior de Asuntos Corporativos en Microsoft México, porque no consultó su postura con la empresa para la que trabaja.