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Piden a ministra Luna no otorgar amparo a Del Fuerte

Conferencia de integrantes del Poder del Consumidor. Foto @cencos

Carolina Gómez Mena

Ciudad de México. Integrantes de El Poder del Consumidor (EPC) exhortaron a la ministra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Beatriz Luna Ramos, a no otorgar el amparo promovido por la Compañía Embotelladora Del Fuerte, la cual trabaja para Coca-Cola. Resolver a favor ese recurso «aboliría los lineamientos para alimentos y bebidas en las instituciones de educación superior», aseguraron.

En conferencia de prensa, Alejandro Calvillo, director de EPC, Fiorella Espinosa, coordinadora de investigación de la agrupación y Julio Salazar, coordinador jurídico de la organización, señalaron que una medida cómo está echaría por tierra las estrategias gubernamentales que combaten los ambientes obesogénicos. Sería un «contrasentido».

Tras señalar que probablemente hoy los ministros resuelvan este tema, indicaron que en el país existe una declaración de emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes en México; por el incremento de la muerte por diabetes que el año pasado superó los 96 mil decesos poniendo a México con la mayor incidencia de muertes por diabetes entre los megapaíses del mundo.

Añadieron que la evidencia de que 70 por ciento del consumo de azúcar en la dieta de los mexicanos proviene de las bebidas azucaradas, es inconcebible que Luna Ramos, proponga conceder el amparo a la a dicha refresquera.

“El proyecto de la ministra Luna está plagado de afirmaciones insostenibles, señala que los alimentos y bebidas altamente procesados no afectan la salud de las personas, desconociendo el extenso y robusto sustento científico que prueba la asociación entre el consumo de productos ultraprocesados -en particular de bebidas azucaradas-, con daños a la salud. El proyecto establece que la obesidad debe combatirse por medio de la educación desconociendo también la evidencia existente que demuestra que por encima de la educación son los entornos los que determinan los hábitos, desconociendo que los ambientes obesogénicos son la principal causa de estas epidemias de sobrepeso, obesidad y diabetes”, señaló Espinosa.

México fue declarado como «un país Cocacolinizado por el exrelator de la Organización de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter. El relator confirmó la omnipresencia de esta bebida, junto con otras y comida chatarra» y habló de la existencia de «una publicidad multimillonaria que conforma un ambiente obesogénico».

Indicaron que los lineamientos pretenden establecer que, al menos, los centros educativos, incluyendo los de educación superior sean espacios saludables, considerando que es un deber del Estado garantizar que los planteles educativos sean espacios saludables.

La ministra argumenta que los estudiantes en estas instituciones ya son adultos que pueden realizar elecciones informadas, sin embargo, esa no es la realidad, pero la verdad es que «estos jóvenes tienen ya hábitos deformados desde muy temprana edad y son justamente los ambientes saludables los que pueden contribuir, junto con otras medidas, a que se reduzcan estos consumos y no los transmitan a sus hijos de llegar a ser padres».

El 36.9 por ciento de los adolescentes en México viven con sobrepeso u obesidad y esta cifra prácticamente se duplica a 72.5 por ciento en la edad adulta, lo que indica que se deben fortalecer las medidas en materia preventiva justamente en la edad universitaria.

Subrayaron que la reducción en el consumo promedio de bebidas azucaradas en México es urgente ya que ha sido uno de los más altos del mundo y ese consumo promedio es suficiente para aumentar el riesgo de obesidad en un 60 por ciento y la diabetes en más de 20 por ciento. «La ministra considera que no hay relación entre el consumo de estas bebidas y daños a la salud».

Advirtieron que si la decisión de la SCJN es positiva al proyecto de sentencia de Luna Ramos, esto «contribuirá al mantenimiento del ambiente obesogénico en el país y a la epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes que ha sido decretada como emergencia epidemiológica, colapsando totalmente el sistema de salud del país».