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Plantean incluir a la IP para ampliar cobertura del Seguro Popular

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Carolina Gómez Mena

Leobardo Ruiz Pérez, secretario del Consejo de Salubridad General de la Secretaría de Salud (Ssa), se pronunció por que las instituciones médicas privadas se acrediten y puedan acceder al financiamiento del Seguro Popular, a fin de avanzar en la cobertura de servicios de salud. Aseguró que el Seguro Popular tiene más 57 millones de afiliados.

Al inaugurar el seminario Construyendo lazos para el fortalecimiento institucional de las organizaciones de la sociedad civil, organizado por Pfizer de México, el funcionario destacó la importancia de la iniciativa privada en la atención a la salud a escala nacional, pues –indicó– sólo 28 por ciento de las instalaciones sanitarias son públicas.

Dijo que ante los problemas de salud que enfrenta México, es necesario fortalecer la unión de esfuerzos entre el gobierno federal, instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil, para mejorar la calidad de vida de la población.

Convocó a las organizaciones civiles a mantener la unidad con el gobierno federal para ampliar la lucha contra los riesgos sanitarios y favorecer una cultura de la salud. Precisó que el sector tiene dos prioridades: acceso efectivo a los servicios médicos con calidad y oportunidad, y la prevención.

Reconoció la colaboración de la industria farmacéutica para lograr acceso efectivo y oportuno de la población a un mercado de medicamentos seguros, eficaces y de calidad.

El director general de Pfizer de México, Aldo Rees, dijo que la sociedad civil es pieza clave en la agenda nacional, ya que multiplica los esfuerzos para ayudar a la población más vulnerable. Agregó que este seminario es una oportunidad para mejorar los lazos con la sociedad civil, que es cada vez más organizada, participativa y con visión integral de las necesidades de diversos sectores de la población.

Participaron también en el foro los titulares de la unidad coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Ssa, Ernesto Monroy Yurrieta, y del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), María Angélica Luna y Parra.