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La Redacción
Ciudad de México. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR México), manifestaron preocupación por los actos de criminalización hacia el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, por su labor en la defensa y promoción de los derechos humanos. Indicaron que el defensor ha sido víctima de “deslegitimaciones, difamaciones y descredito constante”, y desde el inicio de este año las agresiones se han intensificado.
En un pronunciamiento llamaron al gobierno federal a reconocer la labor del sacerdote, párroco de Simojovel, que ha trabajado con los pueblos tsotsiles, tseltales, zoques y mestizos, acompañando procesos de defensa de la tierra y territorio, mediando en conflictos y acompañando comunidades desplazadas. A su vez, acompaña a migrantes, así como a defensores que han sido criminalizados por su trabajo. “Solicitamos que se evite cualquier acto de autoridad que ponga en riesgo a su persona y a las que él acompaña”.
Marcelo Pérez Pérez “es un reconocido defensor de derechos humanos que como párroco de Simojovel y coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas ha realizado innumerables acciones de defensa de derechos humanos”.
Señalaron que una prueba de que las agresiones contra el sacerdote se han intensificado es “son las declaraciones y señalamientos que ha realizado un funcionario público municipal recientemente electo”.
Recordaron que la situación de riesgo del sacerdote Marcelo por su actividad de defensa de derechos humanos se refleja en el otorgamiento de las medidas cautelares número MC506-14 por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2016; “dichas medidas siguen vigentes actualmente, siendo imprescindibles, aunque no suficientes para que él pueda continuar con su actividad de defensa en un entorno seguro”.
“La propia CIDH ha afirmado que las declaraciones públicas que deslegitiman y desacreditan el trabajo de personas defensoras de derechos humanos, como el padre Marcelo, los hace más vulnerables y es obligación del Estado reconocer públicamente que el ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos es un acto legítimo”, expresaron.
