Prevalece riesgo de tortura en cárceles municipales de Jalisco

Ciudad de México. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) comprobó que comisarías de seguridad pública y cárceles municipales de 19 ayuntamientos de Jalisco atendieron sólo 44 (18.66 por ciento) de los 236 factores de riesgo que les fueron reportados hace un año para prevenir actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de acuerdo con la visita realizada el pasado mes de abril, que se encuentra reportada en el Informe de seguimiento 3/2018, emitido el 3 de julio anterior.

Asimismo, 29 (12.28 por ciento) de esos factores únicamente presentaron avances encaminados a su cumplimiento y 163 (69.06 por ciento) aún persisten, por lo que el MNPT consideró que esos lugares de privación de la libertad y alojamiento “no garantizan que las personas ahí detenidas gocen de estancia digna, segura, ni reciban trato con debido respeto a su dignidad”.

En un comunicado, el MNPT —organismo dependiente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos— indicó que el mencionado informe documenta los resultados obtenidos en la más reciente visita realizada por personal del MNPT a las instalaciones de los Ayuntamientos de: Atotonilco El Alto Chapala, El Salto, Encarnación de Díaz, Guadalajara, Jalostitlán, La Barca, Lagos de Moreno, Ocotlán, San Juan de los Lagos, San Pedro Tlaquepaque, Sayula, Teocaltiche, Tepatitlán de Morelos, Tequila, Tonalá, Yahualica de González Gallo, Zapopan, Zapotlán el Grande y Zapotlanejo, así como de una Casa Hogar en Guadalajara.

Entre los factores de riesgo más recurrentes en esos lugares, indicó, se encuentran la falta de mantenimiento e higiene en las instalaciones; carencia de partida presupuestal para el suministro de alimentos a las personas privadas de la libertad; inexistencia de celdas exclusivas para alojar mujeres, y falta de reglamentos y manuales de procedimientos que regulen las áreas de detención.

Asimismo, falta de servicio médico y de privacidad al realizar la certificación de integridad física a las personas detenidas; insuficiencia de personal de seguridad; falta de capacitación de los servidores públicos en materia de derechos humanos y prevención de la tortura, así como de instrucción del personal médico en materia del “Protocolo de Estambul”, e inexistencia de registros y programas para prevenir y atender situaciones o eventos violentos.