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Propone Peña Nieto plan de seguridad transexenal

Enrique Peña Nieto, flanqueado por María Elena Morera, presidenta de Causa Común, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ayer en el Alcázar de Chapultepec. Foto Cristina Rodríguez

Alonso Urrutia y José Antonio Román

Frente a los desafíos del crimen organizado y los reclamos sociales que demandan terminar con la violencia y la inseguridad, durante los últimos dos años de esta gestión es posible, entre sociedad y gobierno, impulsar una política de Estado en materia de seguridad cuya vigencia sea transexenal, sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto.

‘‘Definamos entre todos la agenda hacia donde debemos caminar a partir de la experiencia que tenemos de los años en los que hemos transitado’’, señaló.

En este contexto, sostuvo que algunas de las acciones que se han planteado para fortalecer las acciones de seguridad, como es el lanzamiento de la clave única de identidad, enfrentan factores adversos que lo han impedido, como la politización del tema del Registro Federal de Electores y los problemas presupuestales que se han tenido que enfrentar en aras de un manejo responsable de las finanzas.

‘‘Es cierto que no hemos tenido una clara definición de cuál debe ser la forma para tener la clave única de identidad. Yo aquí le doy indicaciones al secretario de Gobernación para que tengamos por lo menos hecho el andamiaje; más bien, el diseño de hacia dónde transitamos o cómo armamos este modelo de identidad para todos los mexicanos’’, dijo Peña Nieto en la inauguración del foro Sumemos Causas

Y aun cuando reconoció que los índices de inseguridad se han incrementado en 2016, también llamó a reconocer avances. Durante los seis años anteriores el clima de violencia y de inseguridad había aumentado los indicadores de forma muy drástica. El secuestro se había incrementado en 90 por ciento, casi se había duplicado, mismo caso del homicidio doloso, el cual de 2006 a 2012 había crecido 85 por ciento; la extorsión se disparó 130 por ciento.

En los primeros años de la administración se logró abatir la incidencia de los delitos de mayor impacto como el homicidio, que pasó de 23 por cada cien mil habitantes a 17 en 2015.

‘‘Al final de cuentas muestra que 2015 fue un año en el que sí hubo una disminución en prácticamente todos los delitos cometidos del fuero común; es decir, los que corresponde a la autoridad local perseguir, y en el orden federal’’.

Por su parte, María Elena Morera, presidenta de Causa Común –que organizó el foro–, describió un panorama crítico de la inseguridad donde septiembre fue el mes más violento del sexenio, ‘‘por lo que el país se acerca a los momentos más violentos del sexenio pasado’’. Esto, mientras el Consejo Nacional de Seguridad ‘‘practica la unanimidad del inmovilismo. Lo que predomina es sálvese quien pueda, porque los municipios le quieren delegar sus funciones y sus responsabilidades de seguridad a los estados, y los estados a la Federación. Y la Federación preside, pero sólo en el discurso’’.

Ante esta ‘‘delegación perversa de responsabilidades’’ planteó que ‘‘los gobiernos, partidos, organizaciones empresariales, académicas y sociedad civil acordemos un pacto por una política de Estado en materia de seguridad que defina los ajustes necesarios’’. Habló de incumplimientos en estrategias y desfases en el nuevo modelo de justicia penal.

Peña Nieto aseveró que el gobierno federal ha desplegado operativos en las regiones con mayor incidencia delictiva y en la actualidad se ha definido una estrategia en los 50 municipios donde se concentra el 42 por ciento de los delitos. ‘‘La participación del gobierno de la República es subsidiaria, es en apoyo y en respaldo. No puede ser permanente, porque no hay capacidad suficiente para tenerla en todo el país y desplegada al mismo tiempo en todas las entidades federativas’’.

Reiteró que de ninguna manera el despliegue de fuerzas federales en regiones conflictivas supone sustituir las obligaciones que gobiernos estatales y municipales tienen en materia de seguridad. Ellos deberán focalizar sus acciones en el marco de la coordinación con instancias federales.

Frente a las críticas al nuevo sistema de justicia penal, el Presidente reivindicó su instrumentación y tras mencionar que tiene tres meses en operación destacó que sustituye a un modelo caduco y obsoleto, con altos niveles de rezago. ‘‘El modelo tiene este propósito: tener una justicia mucho más expedita y, sobre todo, más transparente, que se conozca y que sea pública. Dará espacio para los medios de comunicación; luego dan mucho seguimiento a ciertos temas muy sonantes o muy altisonantes, pero hay otros temas que transitan en el anonimato’’.