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Eirinet Gómez, corresponsal
Xalapa, Ver. Integrantes de la Alianza de Comunidades y Organizaciones en Defensa del Río Bobos-Nautla reprocharon a la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, el “retraso injustificado” en la atención del secuestro de Miguel Vázquez Martínez.
A través de un desplegado, la Alianza de comunidades y otros ocho colectivos, sostuvieron que “las autoridades del Estado de Veracruz fueron omisas y negligentes en investigar y en dar con el paradero de nuestro compañero”.
Señalaron que desde el día uno del secuestro del activista, la Fiscalía General del Estado y el Ejecutivo estatal a través de la dirección de Política Regional fueron enterados del secuestro del Miguel Vázquez, pero hubo retraso injustificado en su actuación “para devolverle con vida”.
Este fin de semana y luego de 100 días de búsqueda, las autoridades entregaron los restos de Vázquez Martínez a sus familiares, quienes junto con activistas, despidieron al empresario citricultor y defensor de la cuenca del Río Bobos-Nautla.
La ubicación del cuerpo de Vázquez Martínez fue posible por la detención de tres personas relacionadas con su secuestro, cuyos testimonios llevaron a personal de la Unidad Especializada Contra el Secuestro (UECS) a una casa de seguridad, en la localidad La Otra Banda, de Tlapacoyan, donde fueron localizados los restos.
En su pronunciamiento, las organizaciones señalaron que “la Región de las cuencas de los ríos Bobos Nautla vive un clima de violencia extrema que lacera no únicamente a la familia de Miguel Vázquez y a la alianza de comunidades ambientalistas, sino a decenas de familias y comunidades que ante “la ausencia o complicidad de las autoridades del Estado”.
Denunciaron que a partir del secuestro de Miguel Vázquez “hemos registrado eventos donde los ciudadanos han visto perder su patrimonio o sufrido la pérdida de integrantes de sus familias”.
Explicaron que los ciudadanos viven en silencio los asaltos, extorsiones, levantones, cobros de cuotas de piso, el reclutamiento de jóvenes, desapariciones y secuestros.
Los activistas reclamaron que “no puede haber transformación posible ni construcción de paz en el Estado cuando los cimientos son la sangre de nuestros familiares. Exigimos al gobierno del Estado de Veracruz que cumpla su compromiso de priorizar la atención a las familias de desaparecidos y vigile el cumplimiento de la responsabilidad de las autoridades encargadas de la investigación y búsqueda de personas desaparecidas”, dijeron.
