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Eduardo Murillo
Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá el amparo interpuesto por Ismael Quintero Arellanes, alias “El Mayel”, sobrino de Rafael Caro Quintero, en contra de la solicitud del gobierno estadounidense para ser extraditado a ese país, donde tiene procesos pendientes por conspiración, portación ilegal de armas de fuego y delitos contra la salud.
El juicio de garantías fue enviado a la SCJN por un tribunal federal, quien consideró que el asunto reviste temas de constitucionalidad que es necesario sean revisados por los ministros, la petición ya fue admitida y el estudio del asunto fue encomendado a la ministra Norma Lucía Piña Hernández.
“Este Alto Tribunal asume su competencia originaria para conocer del recurso de revisión que hace valer el autorizado de la parte quejosa. Túrnese el expediente para su estudio, a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, integrante de la Primera Sala y radíquese en ésta, en virtud de que la materia del asunto corresponde a su especialidad”, señala el acuerdo respectivo.
“El Mayel” fue detenido en febrero de 2020 durante un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un fraccionamiento de lujo en Culiacán, Sinaloa. Días después, el gobierno estadounidense anunció que buscaría su extradición.
“Como se establece en el súper encausamiento, el acusado conspiró con miembros de la organización narcotraficante de Caro Quintero en flujo de grandes cantidades de heroína, metanfetamina, y cocaína hacia Estados Unidos”, describió el fiscal Richard Donoghue, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Este tráfico de drogas se habría registrado desde enero de 2008 y hasta junio de 2018
Quintero Arellanes interpuso meses después el amparo contra su extradición y una jueza federal le concedió la suspensión de oficio, lo cual ha evitado hasta ahora su entrega a las autoridades del país vecino.
En las próximas semanas, la ministra Piña deberá presentar un proyecto de resolución ante sus compañeros de la Primera Sala de la SCJN, quienes decidirán si procede o no la extradición del imputado.
