Alertan de deslaves y desborde de ríos por lluvias intensas
5 septiembre, 2017
TLCAN: silencio total
5 septiembre, 2017

Se suma el CUC a quejas contra obras en el Paseo de las Facultades

Trabajadores montan la estructura que soportará el techo de policarbonato en el Paseo de las Facultades. Foto Alfredo Domínguez

Bertha Teresa Ramírez

La Comisión Permanente del Partido Acción Nacional (PAN) rechazó anoche la decisión de sus cinco senadores que votaron en favor de que Ernesto Cordero asumiera la presidencia del Senado en contra de la posición fijada por su grupo parlamentario, aunque dejó en claro que entre sus atribuciones no se encuentra la de sancionar a los legisladores, pues ello corresponde a la Comisión de Orden y Justicia.

En sesión privada, los integrantes de este órgano directivo manifestaron su confianza en que dicha instancia procederá con imparcialidad, ‘‘como siempre lo ha hecho’’.

Ricardo Anaya y Damián Zepeda, dirigente nacional y secretario general del blanquiazul, respectivamente, explicaron que los comités directivos estatales de Michoacán, Campeche, Tlaxcala y Ciudad de México, así como legisladores en lo individual, pidieron que se sancione con la expulsión a los senadores Ernesto Cordero, Roberto Gil, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega y Javier Lozano.

Pero será la comisión de orden la que decida el castigo que corresponde, luego de escucharlos. Zepeda estimó que el procedimiento podría tardar hasta cuatro meses y que éste se inició en términos de que ya hay peticiones de sanción avaladas por las comisiones permanentes de los estados citados.

Durante el cónclave de anoche, los integrantes de la cúpula nacional panista decidieron también por unanimidad respaldar al coordinador de los senadores, Fernando Herrera, quien hizo una exposición pormenorizada de los hechos registrados el jueves pasado en el Senado, cuando el grupo parlamentario del PAN propuso a Laura Rojas y a Adriana Dávila para presidir esa cámara, pero al no tener la aprobación de los priístas, Cordero Arroyo se autopropuso sin contar con la aprobación de su bancada, pero sí la del PRI y otras fuerzas políticas y cuatro de sus correligionarios.

Durante la discusión –que se prolongó casi tres horas–, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, reconoció la inteligencia de Cordero y Gil, pero consideró una lástima que no la usen para causas correctas. Defendió a Anaya de los ataques registrados en su contra y añadió que la Comisión Permanente debe salir en defensa de su dirigente, según dieron a conocer militantes presentes en la reunión a puerta cerrada.

Las senadoras Laura Rojas y Adriana Dávila adelantaron su posición sobre el tema al llegar a la sede nacional panista, donde se efectuó el encuentro. La primera resaltó que lo sucedido es inédito tanto en el partido como en la historia parlamentaria del país y merece tener consecuencias.

Sería un mensaje muy negativo y pésimo dejar pasar por alto lo acontecido, pues implicaría que cada quien puede hacer lo que quiera, puntualizó. Cuando uno se afilia a una fuerza política asume sus reglas internas y debe respetarlas, destacó.

Adriana Dávila se dijo agraviada por la descalificación que de ella y de Rojas hizo el coordinador de los senadores priístas, Emilio Gamboa, y lamentó que Margarita Zavala, aspirante a la candidatura presidencial, no se hubiera pronunciado al respecto.

Zavala a su vez demandó que en este caso se siga el debido proceso y sin purgas, pues este ‘‘no es el partido comunista’’.

La Comisión Permanente ratificó por lo demás, su decisión de buscar un fiscal autónomo e independiente, así como que el actual procurador no llegue de manera automática a ese cargo.

Ricardo Anaya aclaró que en 2013, cuando se aprobó en el Senado y la Cámara de Diputados la reforma que permite el pase automático, todos los legisladores blanquiazules le dieron su aval. ‘‘Es falso que unos hayan votado a favor y otros en contra’’, subrayó.

En medio de propuestas como la reelección de alcaldes y la paridad de género en las candidaturas, se dijo que en la autonomía de la procuraduría venía el ‘‘dardo envenenado’’ del pase automático. Cuando la sociedad civil visibiliza el problema es cuando viene la exigencia de que se elimine ese mecanismo, apuntó Anaya en conferencia de prensa.