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Se violaron garantías en protesta por Ayotzinapa en 2014: CNDH

Al culminar el mitin de la cuarta Jornada Global por Ayotzinapa, un grupo de jóvenes se enfrentó con fuerzas federales en Palacio Nacional. Foto Marco Peláez / archivo

Emir Olivares Alonso

Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que elementos de las policías Federal y de la Ciudad de México y de la Procuraduría General de la República (PGR) violaron una serie de garantías de decenas de ciudadanos durante las manifestaciones de apoyo por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa que se realizaron el 20 de noviembre de 2014 en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y en el Zócalo capitalino.

El organismo presidido por Luis Raúl González Pérez señaló que entre otras violaciones se dieron detenciones arbitrarias de varias personas y uso desmedido de la fuerza, incluso contra menores de edad. Criticó que pese a que en los hechos participaron personas embozadas que ejercieron violencia, las policías no actuaron contra ellas, y por el contrario afectaron  a otros manifestantes.

Por ello, emitió una recomendación dirigida al subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en Suplencia del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán; al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia; y al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, instancias de las que dependen dichas corporaciones, por la violación a los derechos a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la libertad personal, a la integridad personal, al principio del interés superior de la niñez, a los derechos al trato digno, acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia y a la verdad, y a los derechos de reunión, asociación y libertad de expresión.

«Esta Comisión Nacional consideró la investigación de los hechos a partir de dos eventos que tuvieron lugar el 20 de noviembre de 2014: el primero, de las 8 de la mañana a las cuatro de la tarde y cincuenta minutos en las inmediaciones del AICM, con saldo de 16 personas detenidas, motivo por el cual la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la Recomendación 16/2015. Por su parte, este organismo nacional determinó la violación a otros derechos humanos, como el principio al interés superior de la niñez y al trato digno de las personas mayores».

El segundo momento, señaló la CNDH, se dio entre las cinco de la tarde y las once y media de la noche en el Zócalo capitalino, lo que culminó con un violento desalojo de la totalidad de manifestantes. Esto tuvo como resultado 11 personas detenidas y 78 lesionadas.

La Comisión evidenció que a las 11 personas detenidas arbitrariamente no se les encontró objeto alguno o arma para agredir, contrario a lo dicho por los elementos policiales aprehensores, quienes mostraron inconsistencias en sus declaraciones, que fueron consideradas inverosímiles y no ajustadas a las reglas de la lógica básica, por tal motivo un Juez de Distrito ordenó su libertad por falta de elementos para procesar.

Acreditó el uso indebido de la fuerza que derivó en la afectación a la integridad y seguridad personal de diversas víctimas, atribuible a los elementos de la Policía Federal y de Seguridad Pública de la capital; omisión en la descripción de lesiones que presentaron algunas víctimas; utilización de armas no letales en forma indiscriminada (gas lacrimógeno) contra los agraviados, lo que motivó que personal de la CNDH formara una valla, auxiliara y diera acompañamiento a personas para que no fueran agredidas, así como trato cruel, inhumano y/o degradante contra personas detenidas.

«De las evidencias reseñadas y analizadas se advirtió que personal de Seguridad Pública de la Ciudad de México y de la PF no atendió la condición de niñas, niños y adolescentes que se encontraban en compañía de sus progenitores en una manifestación pacífica al momento en que actuaron los elementos de seguridad, además de que transgredieron la integridad de personas mayores», asentó en la recomendación.

La CNDH enfatizó que no se opone a las acciones de las autoridades para garantizar la seguridad pública, ni rechaza el empleo de la fuerza cuando los cuerpos policiales deben repeler una agresión real, actual e inminente de su integridad física o de otras personas y/o sus derechos. Pero acotó que las manifestaciones pacíficas obligan a las autoridades a no reprimir o inhibir las mismas, y también deben proteger el ejercicio de ese derecho frente a las agresiones de terceros, «sin menoscabo de ejercer el uso legítimo de la fuerza en los casos que exista el riesgo para las mismas, pero de conformidad con los principios de legalidad, racionalidad, congruencia, oportunidad y proporcionalidad para alcanzar un fin legítimo.

«Para la CNDH, el ejercicio de todo derecho, así como el planteamiento de cualquier protesta, inconformidad o expresión de indignación, debe realizarse invariablemente de manera pacífica, con respeto a los derechos de terceros, sin infringir la ley o atentar contra las instituciones. Las autoridades tienen la obligación de escuchar las necesidades expresadas y buscar vías adecuadas para responder a ellas efectivamente, no reprimirlas por medios violentos ni mucho menos criminalizar su expresión cuando está enmarcada dentro de los límites legales».

Llamó la atención que durante los hechos participó un grupo de personas que ejerció violencia hacia los policías, cuyos integrantes se cubrían la cara con paliacates, quienes no fueron asegurados, a pesar de que los protocolos de la PF y Seguridad Pública de la capital señalan la obligación de identificar a personas con actitud agresiva como medida de prevención; sin embargo, se afectó a los demás manifestantes.

Por todo ello, el ombudsman nacional solicitó a la PGR integrar la carpeta de investigación por esos hechos, colaborar con la CNDH en la queja que presente ante la Visitaduría General de la institución, impartir un curso en materia de derechos humanos al personal ministerial, particularmente al adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la SEIDO.

A la CNS se le pidió reparar los daños a las víctimas, otorgarles compensación y atención psicológica, colaborar en la investigación ministerial y en el procedimiento administrativo que se inicie por los hechos denunciados en esta recomendación, diseñar e impartir un curso sobre derechos humanos a elementos de la PF, además de incorporar copia de la recomendación a los expedientes de los servidores públicos involucrados en el caso.

A la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México se le solicitó otorgar atención médica y psicológica a los afectados, reparar los daños ocasionados, colaborar en la investigación y procedimiento administrativo que se emprendan por los hechos denunciados, impartir un curso sobre derechos humanos a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública a fin de que en las manifestaciones o protestas sociales se respete la dignidad de las personas y salvaguardar su integridad.