Sin cumplirse resoluciones de 2015 sobre soya transgénica en zona maya

Angélica Enciso L

Ciudad de México. A 16 meses de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el gobierno federal hiciera una consulta pública a las comunidades mayas afectadas por el cultivo de soya transgénica y determinó la suspensión de los cultivos, ninguna de las dos resoluciones se ha cumplido, señalaron representantes de la comunidad maya de Hopelchén que se reunieron el martes con el ministro Eduardo Medina Mora.

En entrevista externaron su preocupación porque las sentencias de 2015 no se concretan, ya que las consultas se realizan con la participación de los menonitas, quienes realizan el cultivo de soya, y además se mantiene la siembra de la soya transgénica.

Advirtieron que los efectos de este cultivo sobre las abejas y la producción de miel, la principal actividad de la región se ha visto afectada durante los últimos años e incluso se espera que este 2017 no haya producción.

Leydy Aracely Pech Martín y Gustavo Huchin Cauich, representantes de las comunidades mayas del municipio de Hopelchén, Campeche, explicaron que durante la reunión con Medina Mora, éste reconoció que el resultado de la consulta no es vinculante. Es decir si la decisión de las comunidades es que no se realice el cultivo de soya transgénica, esto no se tomará en cuenta.

Fue el 4 de noviembre de 2015 cuando la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió varias sentencias en contra de un permiso otorgado a Monsanto para la siembra de soya genéticamente modificada en diversas regiones de Campeche. Determinó la suspensión del permiso y ordenó se efectuara una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada a fin de proteger los derechos y garantizar la participación en las decisiones del pueblo maya.

Sin embargo, se han presentado diversas irregularidades, señalaron los representantes mayas. Entre ellas enumeraron que ha habido amenazas, intimidación e insultos a representantes comunitarios y asesores legales de las comunidades durante las sesiones de la consulta, la ausencia de imparcialidad de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) que ha promovido “las bondades del modelo agrícola industrial y la inocuidad de sustancias toxicas como el herbicida glifosato, a pesar de su papel como organizador de la consulta y no como promovente de la soya transgénica”.

También advirtieron que hay omisión de la (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, del Ministerio Público Federal, de la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para investigar y castigar la siembra ilegal de soya transgénica, la deforestación asociada a ella y la afectación a los recursos hídricos de la región.