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Suprema Corte niega amparo a Gómez Urrutia contra STPS

Napoleón Gómez Urrutia en imagen de enero de 2002. Foto Jesús Villaseca

Por Jesús Aranda

Ciudad de México. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó el amparo solicitado por el líder minero Napoleón Gómez Urrutia en contra de las acciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que ha decir del quejoso, le ocasionaron daño en su honor a nivel nacional e internacional.

El dirigente sindical presentó una demanda de daño moral en contra de la dependencia, que en aquel entonces encabezaba el ahora senador panista Javier Lozano, debido a un comunicado en el que la STPS dio cuenta de su decisión de negar la toma de nota a Gómez Urrutia como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, en junio de 2008.

Los ministros avalaron el proyecto del ex procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, quien consideró que el comunicado en cuestión, en el que se destacaba que el aspirante a secretario general no cumplía con los requisitos establecidos por el propio sindicato para ocupar el cargo, no había actuado de mala fe, por lo que no se configuraba el delito de daño moral.

Medina Mora le dio la razón a la STPS, con el argumento de que el tema era de “relevancia pública o interés general” y que la forma como se difundió el hecho, “permitió que todos sus agremiados fueran informados sobre un hecho que impactaría en el correcto funcionamiento el sindicato y por ende, en el goce y ejercicio de sus derechos laborales”. Además de que el asunto “estaba directamente relacionado con el cargo que pretendía ejercer”.

Entre los aspectos que destacó el comunicado de la STPS destaca el hecho de Gómez Urrutia “no era convencionista”, porque según los estatutos sindicales éste tenía que estar presente en la convención –el líder obrero ya vivía en Canadá-; que no era “trabajador de planta con antigüedad de cinco años continuos antes de la fecha de la elección, la autoridad consideró que no cumplía tampoco con éste requisito. Que tampoco gozaba de todos sus derechos, ya que, enfrentaba órdenes de aprehensión en su contra y era “prófugo de la justicia”; además de señalar la existencia de “malos manejos” en el ejercicio de su función y que “estaba impedido” para la defensa eficaz de los intereses y derechos de los trabajadores del Sindicato, debido a que se encontraba fuera del país.

Gómez Urrutia interpuso un procedimiento de responsabilidad patrimonial en contra de la STPS con el argumento de que la autoridad se había excedido sus facultades, lo que le causó “una grave afectación en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, así como su reputación e imagen a nivel nacional e internacional”.