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Suspendido en BC el mecanismo de protección a periodistas

Periodistas durante una protesta en la caseta Palo Alto, en la autopista del Sol el 24 de enero de 2022. Foto Alberto Gómez

Mireya Cuéllar y Dianeth Pérez Arreola / ‘La Jornada’ Baja California

Mexicali, BC. Sin una justificación oficial y pese a que la gobernadora anunció a raíz del asesinato del periodista Margarito Martínez su implementación, el gobierno de Baja California suspendió la instalación del mecanismo estatal de protección a periodistas.

En Baja California no existe en los hechos un mecanismo de protección, porque tampoco hay una legislación estatal que le dé sustento, y todo es por analogía con la norma federal, algo que se empezó a discutir a raíz de los asesinatos de Martínez y Maldonado.

En marzo del 2020, durante la pasada administración se hizo una reunión para incluir representantes ciudadanos, sin embargo no hubo acciones concretas informaron varios de sus integrantes.

Sonia de Anda, periodista e integrante de este sistema, expresó que seguramente hubo un relajamiento de las medidas de protección al hacerse el cambio de administración el pasado noviembre.

Martínez no se acogió al mecanismo, pero Maldonado tenía más de seis meses recibiendo protección, y aun así fue ultimada de un disparo en la sien cuando se encontraba en su vehículo. En el caso de Maldonado, en abril del 2021 la Comisión Estatal de Derechos Humanos pidió a la Secretaria de Gobernación atender su caso y fue a raíz de ello que se puso atención federal. Hay muchas versiones sobre por qué no contaba con protección.

Los integrantes del mecanismo son (por analogía con la legislación federal y los ordenamientos Internacionales) : la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría Ejecutiva, la Coordinación Técnica, la Fiscalía General del Estado, la Dirección de Comunicación Social del Estado, las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios, y representantes de la comunidad periodística y de defensoría de derechos humanos.

Los integrantes invitados son las presidencias del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Además, en el documento se especifica que se llevarán a cabo reuniones una vez al mes de manera itinerante en los (entonces) cinco municipios del estado.

El protocolo de acción está integrado por seis puntos: ante una amenaza, el periodista contacta al mecanismo de protección; se le hace una entrevista para evaluar el nivel de riesgo; se le asigna un plan de protección provisional; se trata el asunto en la reunión mensual para su aprobación y continuación; se implementa el plan de protección y finalmente se reevalúa para definir su vigencia o modificación.

De Anda contó que, en el caso de Lourdes Maldonado, se le dio protección porque le dieron un balazo a su carro. Le otorgaron medidas cautelares, acompañamiento policiaco y rondines. Tres meses después se evaluó el acompañamiento y continuaron las medidas, pero el mecanismo no volvió a sesionar.