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Urgen ONU y CIDH a frenar violencia contra periodistas en México

Los relatores especiales de la ONU y la CIDH sobre libertad de expresión, David Kaye y Edison Lanza, respectivamente, durante la conferencia de prensa que ofrecieron esta tarde en las instalaciones de la CEPAL. Foto Cristina Rodríguez

Emir Olivares Alonso

Ciudad de México. Al ser un país democrático, México no se puede permitir que la violencia contra los periodistas continúe y siga impune, aseguraron los relatores para la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, David Kaye y Edison Lanza, respectivamente.

Agregaron que en algunas zonas del país los periodistas “viven aterrorizados”, pues pese a que se han creado instancias gubernamentales para combatir la violencia en su contra, ésta no se ha mitigado e incluso en los dos últimos años ha sido más complicada que hace siete años, cuando sus antecesores analizaron la situación del país en este tema.

Al concluir este mediodía su visita oficial de trabajo a México, que inició el pasado 27 de noviembre y que incluyó entrevistas con representantes gubernamentales, periodistas, miembros de la sociedad civil y directivos de medios, los relatores presentaron una serie de observaciones preliminares al Estado mexicano a fin de que se avance en la confrontación contra la riesgosa crisis que enfrentan hoy los comunicadores.

“La violencia contra quienes ejercer el periodismo ha sido una crisis para México por más de una década, y a pesar de la creación por parte del gobierno de mecanismos de protección y persecución, todavía la impunidad y la inseguridad siguen caracterizando esta situación a lo largo del país”, lamentaron.

Las recomendaciones preliminares de los expertos son varias: El fortalecimiento del Mecanismo de Protección a Periodistas y de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión al dotarlos de más recursos, presupuesto, analistas de riesgo, capacitación del personal, para cumplir con sus fines.

La implementación de una ley nacional que obligue a las autoridades a tener personal de protección a periodistas, así como para investigar y sancionar a autores materiales e intelectuales de los crímenes contra ese sector.

Que el mecanismo mantenga una comunicación más permanente con los beneficiarios de protección, que se brinde atención integral a periodistas desplazados, ya que muchas veces estos profesionales que se ven obligados a dejar las regiones donde laboran, no hayan empleo a los sitios a los que se desplazan.

Que los medios de comunicación generen mecanismos de solidaridad específicos con los periodistas que incluyan seguros de vida, buenos salarios, seguridad social, mejores condiciones.

Otra de las observaciones es que el gobierno mexicano cree un consejo de expertos internacional que brinde asesoría en las líneas de investigación que vincule al ejercicio periodístico, que cuente con una instancia de rendición de cuentas internacional y coadyuve a la capacitación en técnicas de investigación.

Sobre la publicidad oficial, dijeron que si bien es necesaria para la supervivencia de los medios, ésta debe ser regulada a partir de criterios claros, rendición de cuentas y transparencia, pues el país de la región que más gasta en la materia. Lanza destacó que se tienen reportes que el actual gobierno de Enrique Peña Nieto ha destinado mil 500 millones de pesos para tal fin.

“La necesidad de abordar los temas de protección y transparencia será especialmente crítica en 2018, cuando la ciudadanía Mexicana votará en elecciones federales, estatales y locales. Garantizar la seguridad de los periodistas les permite recabar y difundir información sobre cuestiones del más alto interés público”.

Durante su labor en el país, los relatores se reunieron con más de 250 periodistas e integrantes de la sociedad civil procedentes de 21 entidades de la República, y visitaron la Ciudad de México, Sinaloa, TAmaulipas, Guerrero y Veracruz. Agradecieron al gobierno federal la invitación y detallaron que en la próxima primavera darán a conocer sendos informes de fondo sobre la situación de la libertad de expresión y los periodistas en el país, los cuales incluirán recomendaciones específicas.