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Laura Gómez Flores
Ciudad de México. El despliegue de más de ocho mil elementos de las Fuerzas Armadas en las fronteras norte y sur del país incrementó las violaciones a derechos humanos de los migrantes, aseguró la Federación Mexicana de Organismos de Derechos Humanos (FMOPDH).
Además, los ha obligado a transitar por nuevas rutas más peligrosas por la presencia de la delincuencia organizada y la ausencia de ayuda humanitaria que pueda asistirles en el camino; y se tiene el registro de por lo menos dos mil personas desaparecidas.
Los lamentables hechos sucedidos en las poblaciones de San Fernando, Cadereyta o Camargo constituyen un patrón de violencia estructural en contra de este grupo de población, destacó Nashieli Ramírez, titular de la Comisión de Derechos Humanos de la capital.
El impacto de la violencia en esta población es diferencial, pero son las mujeres, niñas y adolescentes las principales víctimas de violencia sexual y sometidas a explotación sexual y trata de personas.
Destacó que, el reciente asesinato de Victoria Esperanza Salazar Arriaza a manos de la policía estatal del estado de Quintana Roo, es sólo un botón de muestra de ese patrón de violencia del que son víctimas los migrantes en general y las mujeres en particular.
Las expresiones colectivas de xenofobia persisten y promueven contextos sociales que reproducen y parecen justificar la violencia en contra de las personas migrantes, lo que representa un obstáculo adicional para el ejercicio de sus derechos.
En 2020 un total de 41 mil 329 personas solicitaron asilo a nuestro país; se llevaron a cabo 87 mil 260 eventos de detención migratoria, así como 184 mil 423 eventos de repatriación de personas mexicanas desde Estados Unidos, indicó.
Ante esta grave situación, México está obligado a contar con un sistema sólido de protección de las personas migrantes, por lo que hizo un llamado a priorizar la estrategia de atención y protección de las personas en movilidad humana que, en la actualidad requieren asistencia humanitaria coordinada y eficaz.
