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Vacíos legales en AL para proteger a ambientalistas: Laura Zúñiga

Laura Zúñiga pertenece al Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares, la cual cofundó su madre. Imagen @COPINHHONDURAS

César Arellano García

En América Latina existen vacíos legales para proteger a defensores del medio ambiente, por el contrario, se les criminaliza. Al participar en la ponencia Los Pueblos Indígenas y la Defensa del Medio Ambiente como Patrimonio Ancestral, Laura Zúñiga, hija de Berta Cáceres, ambientalista asesinada hace tres años en Honduras, señaló que los activistas sufren constantes agresiones.

Por separado Laydy Pech, de las comunidades Mayas lamentó que la construcción del Tren Maya impactará la flora y la fauna de zonas ecológicas sensibles del sureste de México.

Zúñiga Cáceres recordó que a su mamá la mataron luego por organizar protestas contra megaproyectos que violaban los derechos ambientales y la tierra de las comunidades locales. Además realizar movilizaciones indígenas contra la construcción de una hidroeléctrica en el río Gualcarque, en territorio del pueblo amerindio lenca.

En 2018, Global Witness documentó 164 asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en su más reciente informe sobre ataques mortales contra estos activistas. Se trataba de personas asesinadas por defender sus hogares, bosques y ríos de las industrias destructivas. Muchas más personas fueron silenciadas a través de ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales. Tan sólo en México, el año pasado fueron asesinados al menos 14 ambientalistas según dio a conocer en su momento esta organización.

En entrevista con La Jornada, Zúñiga Cáceres, quien pertenece al Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH), la cual cofundó su madre, recordó que Honduras fue catalogado por Global como uno de los países más peligrosos para ejercer la defensoría del medio ambiente. “Se nos ha sometido a un nivel de violencia grave por proteger a la madre tierra. Varios compañeros han sido asesinados, desplazados o perseguidos. Hoy en día estamos desprotegidos porque (autoridades) crean leyes para criminalizarnos y esto facilita a las empresas que atenten, agredan o nos demanden”.

Agregó que el caso de Berta Cáceres sigue impune. Hubo siete personas condenadas por su asesinato, pero aun no son declarados culpables. De acuerdo con la activista, el tribunal de aquel país decretó que dichos hombres habían sido contratados por ejecutivos de Desa, empresa que promotora de la hidroeléctrica en el territorio indígena Lenca, para llevar a cabo el asesinato el 3 de marzo de 2016.

“El 25 de septiembre se tenía programada una audiencia en la que se diría si el juicio continúa en su etapa de oralidad que es muy importante porque permitirá que la población acceda al proceso judicial, o si se cierra hasta ahí. Nos preocupa la impunidad en este caso, todavía no hay personas de alto perfil que se sabe que están implicados, no han sido investigadas ni procesada, ya casi son cuatro años”.

JSL
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