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Vinculan a proceso por homicidio a 7 policías de Progreso, Hidalgo

Mobiliario sacado e incendiado de las instalaciones de la Policía Municipal de Progreso de Obregón el viernes pasado durante manifestación feminista por la muerte de Beatriz Hernández. Foto Ricardo Montoya

Juan Ricardo Montoya, corresponsal

Mixquiahuala, Hgo. La madrugada de este jueves Rosa María López juez de control del juzgado penal local vinculó a proceso penal por homicidio culposo por omisión y no feminicidio a los 7 policías municipales de Progreso de Obregón -cuatro hombres y tres mujeres entre ellas a Estefanía Hernández, directora de Seguridad Pública municipal- por la muerte de la doctora Beatriz Hernández en la galera municipal ocurrida el 9 de junio pasado.

Esto luego de más de 20 horas de audiencia en que la juez reclasificó el delito de feminicidio por el de homicidio culposo por omisión a solicitud de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) al considerar que hubo descuido y omisiones de los policías al no vigilar a Beatriz Hernández durante su estancia en la barandilla municipal para evitar que se quitará la vida.

Rosa María López puntualizó que con sustento en los testimoniales, fotografías y videos que se presentaron en la audiencia no se advirtió que una tercera persona haya privado de la vida a Beatriz, ni tampoco que se hubiera incurrido en violencia sexual.

Durante la audiencia, que inició a las 10.00 horas del miércoles y que terminó alrededor de las 6.00 horas de la mañana de este jueves, la defensa de los policías hizo comparecer a un perito que mostró un video de seguridad de la barandilla donde se ve que la mujer, alterada se ata un trapo en el cuello, escala los barandales de la reja, y se dejó suspender.

Luego se ve en el video a Estefanía Hernández Díaz, directora de Seguridad Pública de Progreso de Obregón junto con otro oficial dando un rondín y descubrir a la mujer ahorcada.

Después a personal de Protección Civil de Progreso ingresar a la barandilla y sacar a Beatriz para trasladarla a una clínica a donde llegó muerta.

También se presentaron pruebas que demostraron presencia de alcohol en la sangre de la mujer.

En base a la nueva reclasificación la juez determinó que si había responsabilidad de los policías y tras dictar una nueva orden de aprehensión en su contra que se ejecutó en el mismo juzgado dio un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Los policías fueron trasladados y recluidos en el Centro de Reinserción Social de Mixquiahuala donde deberán enfrentar el proceso penal.

En un mensaje emitido por el procurador de justicia de Hidalgo Raúl Arroyo, confirmó que el agente del ministerio público había obtenido la vinculación a proceso en contra de los policías.

Explicó que como se procede con todos los decesos violentos de mujeres al inicio de la investigación por la muerte de Beatriz Hernández se hizo con protocolo de feminicidio.

Pero por «la obtención de datos de prueba adicionales, entre ellos videograbaciones del área de retención primaria de la Policía Municipal de Progreso de Obregón» que permitió apreciar que la muerte de Beatriz Hernández no fue por «una acción directa» el agente del ministerio público solicitó a la juez la te clasificación del delito en contra de quienes «tienen la obligación de resguardar dignidad, la vida e integridad de la víctima».

En tanto, sigue el paro de labores de los policías municipales de ese municipio en demanda de la liberación de los detenidos y de seguro médico y de vida así como de mejor equipamiento para realizar sus tareas.

Bajo este contexto, Sinueh Zúñiga González, director de comunicación social y coeditor de la página de Internet de Progreso de Obregón presentó su renuncia al cargo, luego de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) señaló que los comunicados emitidos por el gobierno municipal sobre el deceso de Beatriz Hernández Ruiz, la revictimizaron toda vez que en ellos se divulgó que se debió a un suicidio provocado por uso de sustancias y que el asunto era presuntamente una «persecución política».

Alejandro Habib Nicolás, presidente de la CDHEH señaló que esos boletines revictimizan a Beatriz y que son parte del extenso expediente de queja CDHEH-VPO-0016-21 que continua en integración y que se inició de oficio ante la presunta vulneración del derecho a la vida, valoración y certificación médica, así como a la garantía de legalidad y seguridad jurídica.

Pésimas condiciones en barandillas: CDHEH

El pasado mes de febrero, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) emitió una recomendación a los 84 municipios porque ninguna de las barandillas cumple con las condiciones mínimas para garantizar una estancia digna para quienes son detenidos por una falta administrativa.

En aquella ocasión Alejandro Habib Nicolás, titular de la CDHEH aseguró que se presentan incidentes como pérdida de objetos personales una vez que los detenidos salen a reclamar sus pertenencias.

Asimismo, en la recomendación se señala el uso de la fuerza o multas excesivas.

En 39 demarcaciones las instalaciones carecen de un área separada para reclusos y reclusas. En Eloxochitlán, dice el documento, el espacio es un sótano sin pintura, con falta de mantenimiento, con falta de aseo e higiene.

No hay señalización respecto de medidas de protección civil y otros 60 municipios no cuentan con consultorio médico o material de curación.

Además, 15 alcaldías no tienen un registro específico sobre el ingreso de los detenidos.

Recordó que toda persona privada de su libertad tiene derecho a agua potable para uso personal, atención médica y alimentación, además de evitar las condiciones de hacinamiento.

En otras 64 barandillas incluso había carencia de los servicios, incluso de luz.

La CDHEH instó a los gobiernos locales a capacitar a los servidores públicos e instalar circuitos cerrados de video en los 32 municipios donde no hay, la separación de espacios, camas, baño digno, iluminación.

“La totalidad de las administraciones municipales deben de generan planes específicos de infraestructura, equipamiento, mantenimiento, creación de manuales de procedimientos para el manejo de estas áreas, manuales de contingencia, desarrollo y, en su caso, actualización de l normativa municipal, lo que conlleva una planificación financiera de inversión específica para la atención de esta responsabilidad”.