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Violaciones a derechos de indígenas, ante relatora de la ONU

Representantes de comunidades de Chiapas ofrecieron una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) Foto Elio Henríquez

Elio Henríquez, corresponsal

San Cristóbal de las Casas, Chis. Pueblos y comunidades originarios de Chiapas expusieron ante la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, al menos 30 casos sobre «la grave situación de violación sistemática de derechos humanos a pueblos indígenas, despojo, aumento de riesgo a personas indígenas defensoras del territorio y migración».

En un informe entregado a Tauli-Corpuz, las comunidades y pueblos expusieron «historias de sistemáticas violaciones a derechos humanos que acentúan la responsabilidad del Estado mexicano en casos de autonomía, autodeterminación y territorio, impunidad en crímenes de lesa humanidad y falta de justicia a pueblos indígenas, incremento de la violencia e inseguridad asociadas a delincuencia organizada y mujeres e infancia indígenas población más vulnerables a violaciones de derechos humanos».

Guadalupe Vázquez, de la Organización Sociedad Civil Las Abejas, dijo en conferencia de prensa que el encuentro estaba programado en Acteal, pero dos días antes las autoridades les avisaron que sería en Candelaria, municipio de San Cristóbal, debido a un conflicto por la disputa de límites entre Chenalhó y Chalchihuitán.

En la misma conferencia, ofrecida esta mañana en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), representantes de otras agrupaciones informaron que le pidieron a la relatora «reivindicar la exigencia de que se reforme nuevamente el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, retomando y actualizando los conceptos vertidos en la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) y en los Acuerdos de San Andrés, firmados por el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el 16 de febrero de 1996”.

Dijeron que le solicitaron que en su informe -que presentará en septiembre del próximo año- incluya «el derecho a veto como muestra del inalienable derecho a la libre determinación», y «poner en el centro de cualquier discusión sobre derechos de los pueblos indígenas el inalienable derecho a decir no sin cortapisas, sin candados».

Asimismo, «la reposición del no para los pueblos indígenas frente a proyectos, planes, política de estado o empresas, que afectan sus territorios y bienes naturales, es condición indispensable para el ejercicio de la libre determinación, de la restitución de los territorios y del ser originario».

Pidieron a la relatora que «se pronuncie por el derecho a la tierra, al territorio, al agua y a la alimentación de los pueblos, a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas», así como que «se desconozca y por tanto revoque todo decreto sobre área natural protegida, parque nacional, reservas de la biósfera, área comunitaria de conservación realizada sobre la base del despojo de territorios y de soberanía en la decisión sobre sus usos y destinos, de pueblos y comunidades indígenas».

También, que «se desconozca y revoque toda concesión minera, de parque eólico, de explotación de mantos freáticos y de yacimiento petroleros otorgados por gobiernos federales o estatales sobre territorio indígena».

Como parte de las 12 «recomendaciones» que le hicieron, le pidieron incluir que «se desconozca y revoque todo permiso o autorización de cambio de usos del suelo y de evaluaciones de impacto ambiental, a favor de empresas fraccionadoras, urbanizadoras, explotadoras de yacimientos de grava y materiales pétreos, empresas ecoturísticas sobre territorios indígenas».

Manifestaron que «si los pueblos indígenas muestran con su historia que han sido resguardo milenario de bosques, océanos, genes, acervo de conocimiento y tecnología fundamentales a la salud, la alimentación y a los ciclos vitales de todo el mundo, en específico en Chiapas, tienen que ser las mujeres y los hombres de los pueblos y las comunidades indígenas quienes decidan, definan, organicen el futuro de estos territorios de importancia estratégica fundamental para toda la humanidad y la estabilidad climática».

Señalaron que «es necesario redefinir los términos de la discusión sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en función del sujeto histórico, los indígenas desde sus modos y formas de normarse y representarse jurídica y políticamente».