Angélica Campillo
El oficial mayor del ayuntamiento de la capital potosina, Noé Lara Enríquez, dijo desconocer los domicilios de Sandra Sánchez Ruiz, proveedora de medicamentos para personal de confianza de esta administración municipal, esto luego que se difundiera que la farmacia de su propiedad es de reciente creación, sin embargo, aseguró que eso no afecta la licitación. Declaró también que los interesados en conocer más sobre esta persona deberán enviar una solicitud de información a la página de transparencia del municipio, por lo que en ningún momento mostró documento alguno que avalara su existencia.
Cabe señalar que se canceló la rueda de prensa que se tenía programada para las 10 de la mañana en el departamento de comunicación social y donde el tema a tratar sería la proveedora de medicamentos, sin embargo, más tarde personal del área referida convocó sólo a algunos medios para aclarar el asunto. La reunión se llevó a cabo en la sala de juntas de la Contraloría Interna del municipio, en la que estuvieron el propio contralor, Enrique Alfonso Obregón; el oficial mayor, Noé Lara Enríquez, y el director de Asuntos Jurídicos, Juan Miguel Chávez Vázquez.
Interrogado acerca de cómo fue el acercamiento con Sandra Sánchez, el oficial mayor reveló que “ella se acerca como un proveedor (de medicamento) al que se le invita para ver las condiciones en que podemos trabajar y se adecúa a nuestras necesidades”. Insistió en que por la urgencia que tenían de prestar el servicio no convocaron a una licitación, pues “una licitación se lleva tiempo, no podíamos suspender el servicio, hubiera sido muy grave para el ayuntamiento”.
En relación al domicilio donde se ubica la pequeña farmacia propiedad de Sandra Sánchez, localizado en avenida San Luis 1783 A, en la colonia San Felipe, y la cual fue habilitada hace apenas unos días, Lara Enríquez aseguró desconocer esa situación, y continuó argumentando que la proveedora de medicamentos cumplió con los requisitos señalados por la ley para prestar sus servicios al ayuntamiento capitalino.
Agregó que el contrato inició a principios de octubre de 2015 y finalizó en marzo de 2016; asimismo, señaló que por el momento no han decidido si lo renuevan debido a que aún cuentan con medicamento suficiente.
Cuando se le pidió que proporcionara el contrato que se firmó entre la proveedora y el ayuntamiento, manifestó: “de que existen los documentos, existen, yo no podría hacerlo porque inclusive hasta se podría pensar que tengo especial interés en favorecerle a usted y menos aún que yo pudiera difundir alguna información que debe ser reservada por disposición de la ley, pero en la página de transparencia pueden accesar a todo lo que quieran ver”.
En relación al domicilio de la comercializadora Sanfer, de la cual Sandra Sánchez es supuestamente representante, Lara Enríquez indicó que “es un domicilio, no lo tengo presente en este momento pero es aquí en San Luis Potosí; es parte de la información que debo reservarme, no porque tenga que ocultar absolutamente nada, pero en la página de transparencia viene todo. Por propio respeto no sólo a esta proveedora yo no puedo estar dando datos en la vía económica, pero por la página de transparencia”, recalcó.
Aseguró desconocer que el domicilio que Sandra Sánchez registró ante la Cofepris corresponda al lugar donde se encuentra ubicado el edificio de los Servicios de Salud de Soledad de Graciano Sánchez, “esa parte la desconozco porque el domicilio que nos dio no es ese, no lo recuerdo en este momento pero sí tiene domicilio aquí en San Luis. Los datos que ella nos proporcionó no son esos”.
Acerca del llamado de los regidores panistas, quienes consideraron que Sandra Sánchez debe presentarse ante la opinión pública, Noé Lara comentó: “yo no respondo por ella, lo desconozco”.
Respecto a las quejas de algunos trabajadores municipales en cuanto a la mala calidad de los medicamentos que el servicio de salud les está brindando, los cuales difieren de los que se les proporcionaba en administraciones anteriores y que incluso están repercutiendo en su salud, el oficial mayor manifestó que “en ese sentido no tengo ninguna queja, el medicamento que se está entregando cumple con las especificaciones de la Secretaría de Salud, son bioequivalentes y han estado dando buen resultado en los pacientes, yo no tengo quejas en ese sentido”.
No hay petición de regidores panistas
El contralor interno del ayuntamiento capitalino, Enrique Alfonso Obregón, en relación al documento que los regidores de la fracción panista del municipio enviarán a esta área a fin de que se investigue el asunto de la proveedora de medicamentos, comentó que de momento no han recibido la petición.
No obstante, explicó que la Ley Orgánica de la administración pública municipal establece que los miembros del Cabildo serán quienes autorizarán la auditoría del órgano de control interno, mismo que se presentó la primera quincena de enero atendiendo a lo que establece la ley, y refirió que el programa anual está debidamente autorizado por el cuerpo edilicio.
“Sin embargo, tenemos dentro de ese programa lo que corresponde a la dictaminación de estados financieros que es donde la Contraloría revisa el 80 u 85 por ciento del gasto público que se ejerce en la administración pública municipal; están las auditorías específicas donde la Contraloría tiene presunción de que existe un daño a la administración pública municipal y también los regidores podrán solicitar las revisiones que consideren específicas, pero ello pudiera caer dentro de las dictaminaciones de los estados financieros, que es donde se ejerce el gasto público. Lo podemos atacar por ambos lados”.
Por su parte, el director de Asuntos Jurídicos indicó que la Constitución Federal en el artículo 16 establece la protección de datos personales como un derecho humano, por lo que las dependencias públicas, en este caso el ayuntamiento, están obligadas a respetar ese derecho, sin embargo, admitió que hay excepciones que establece la ley.
Especificó que en relación al contrato de Sandra Sánchez Ruiz, éste se puede proporcionar siempre y cuando pase por el filtro del Comité de Información Pública del ayuntamiento, que es el encargado de verificar que las solicitudes de información se hagan dentro de la ley, y si los integrantes de ese órgano interno determinan que proporcionar esa información no lesiona ni agravia el derecho fundamental de esa proveedora se podrá facilitar, pero si el comité estima que se lesionaría ese derecho, se va a reservar la información.
“Si la persona que solicite la información se siente perjudicada por el acuerdo del Comité, está el órgano competente que es la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública, para poder decidir finalmente si el comité está en lo correcto en reservar la información o si debe proporcionarse en relación a que se trate de información pública”, puntualizó.
Los contratos deben ser públicos
Al respecto, el regidor panista Raymundo Ramírez Urbina aseveró que se encuentra recabando las firmas de sus compañeros de fracción, para proceder a solicitar el contrato que se firmó entre el ayuntamiento capitalino y la proveedora de medicamentos, a fin de verificar que se hayan hecho las observaciones pertinentes y en cuestión de que haya cumplido con los requisitos que marca la ley, como dice Oficialía Mayor.
Hizo énfasis en que los contratos deben ser públicos debido a que el recurso también es público y señaló que por ningún motivo debe estar reservado, “vamos a solicitar ese contrato para que lo vean los ciudadanos”.
Subrayó que las declaraciones del oficial mayor llaman la atención, puesto que declaró que a Sandra se le contrató porque fue la única que aceptó fiar, y consideró poco sólidos esos argumentos como para darle una adjudicación de 34 millones de pesos.
“La otra circunstancia es la reciente creación del establecimiento, también nos llama la atención, entonces sí queremos una explicación más a fondo, más real, de lo que está sucediendo, al fin y al cabo nos merecemos una información transparente, porque de lo contrario tal parece que son actos de corrupción”, finalizó.
