Jorge Torres
La profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), adscrita a la maestría de Derechos Humanos, Urenda Queletzu Navarro Sánchez, consideró que las recurrentes violaciones a derechos humanos y abusos por parte de las corporaciones policiacas se deben a un problema estructural dentro de las corporaciones, por lo cual, mientras no se subsane esa parte difícilmente se podrán erradicar esas prácticas de las policías.
Mencionó que muchas veces los policías actúan de forma violenta porque no reciben capacitaciones en derechos humanos, además porque también están sometidos a condiciones laborales precarias, a las exigencias de sus mandos medios, por ejemplo cierto número de consignaciones, por lo cual estas deben realizarse con violencia porque no hay otra forma de acreditarlas.
“Habría que voltear la cara y el punto a que más allá de que se están haciendo o no recomendaciones las instituciones policiales requieren un fortalecimiento de otra forma, necesitan de una humanización del trabajo policial porque no nos damos cuenta de la cantidad de elementos que hay, la carencia de recursos materiales con los que cuentan, no cuentan la mayoría de las ocasiones con el equipo requerido, no cuentan con vehículos para hacer los rondines, las áreas de prevención se han descuidado de forma sistemática, entonces hay una debilidad en nuestras policías”, dijo.
La investigadora universitaria consideró que se está viviendo “una crisis de derechos humanos”, hay más violaciones que se cometen contra la dignidad de las personas y la oleada de violencia de unos años hacia la fecha se ha disparado, pese a que el Estado se empeña en decir de que no existe, que no se cometen violaciones a derechos humanos.
Finalmente, mencionó que una de las rutas de solución sería garantizarle mayor autonomía a los órganos estatales y nacional de derechos humanos, aunque sus recomendaciones tengan carácter vinculante, se debe pensar en algún mecanismo de seguimiento para que se hagan efectivas, pero mencionó que una ruta que considera viable es un proceso de “construcción de ciudadanización”, que la propia ciudadanía esté consciente de que sus derechos humanos no están sujetos a que el Estado se los ceda, sino que el Estado se los reconozca y en esa disyuntiva se tendría que estar haciendo una labor más bien de legislar en favor de ese reconocimiento.
