Samuel Estrada
El titular de la Contraloría del Estado, José Gabriel Rosillo Iglesias confirmó que aunque hay procedimientos contra varios funcionarios y ex funcionarios por diferentes irregularidades en sus cuentas públicas, todas ameritan mayormente sanciones administrativas y ninguno de tipo penal, es decir que no hay posibilidad de que ningún involucrado pise la cárcel.
El contralor comentó que el hecho es que es así, puesto que no se tiene detectado ninguna investigación que derive en una responsabilidad en materia penal, todo es en materia administrativa “esto habla de que si bien es cierto hay mucho por avanzar en el correcto ejercicio de los recursos públicos, pues tampoco andamos tan mal”.
Recalcó que a lo mejor la Auditoría Superior del Estado (ASE) tiene algún pendiente en este sentido, pero en lo que compete a la Contraloría del Estado, se han visto solamente responsabilidades en materia administrativa, hay algunos procesos que vienen desde 2014 pero ninguno de ellos tendría alguna responsabilidad penal “ya lo hubiéramos detectado”.
Cuestionado en el sentido de si quienes realizaron una ejecución no correcta de los recursos públicos en los años anteriores “se salvaron de pisar la cárcel”, Rosillo Iglesias respondió “no sé si se salvaron o no, más bien de acuerdo a la información y documentos con los que contamos no hubo ningún caso que ameritara una denuncia penal”.
Finalmente arguyó que lo que se pudo encontrar fueron algunas irregularidades, que tienen que ver con algunos contratos que no debieron hacerse de esa manera, pero de acuerdo a la ley no se trata de un delito, sino simplemente de responsabilidades administrativas que se traducen en multas económicas o inhabilitaciones para ser funcionarios públicos.
