Jorge Torres
El abogado Marco Antonio Arredondo Bravo aseguró que el subsecretario de Enlace Interinstitucional de gobierno del estado, Ángel Castillo Torres, se comprometió el pasado 5 de diciembre a interceder con el Secretario de Finanzas, José Luis Ugalde Montes, para que se reparara el daño por las violaciones a los derechos humanos de unas ex trabajadoras que ganaron un juicio laboral, esto ante la falta de acción del ex presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Víctor Manuel Parra Beovide, quien ahora es el jurídico del ayuntamiento de la capital, pero denunció que a la fecha tampoco el gobierno del estado ha cumplido con el apoyo.
Recordó que desde 2009 no se ha aplicado la sentencia de una demanda laboral que ganaron tres mujeres a dos empresas constructoras, debido a una serie de artimañas donde estuvieron involucrados ex funcionarios torancistas que actualmente ostentan cargos en el servicio público, esto sin importar que tengan un juicio de responsabilidad.
Destacó que el gobierno del estado debe asumir su responsabilidad ante la falta de respuesta de las empresas al laudo laboral 5798/2005, en este caso el mismo Castillo Torres admitió que iban a ver cómo estaban las finanzas del estado y hacer el pago respectivo por la reparación del daño, pero el 12 de diciembre, fecha que se tenía pactada para ver el caso, Castillo Torres ya no se presenta y sólo se le dió un documento en donde se señala que este es un asunto obrero patronal en el que gobierno del estado no puede intervenir
Contrario a esto, el abogado Arredondo Bravo señaló que este caso es una responsabilidad administrativa de parte de Parra Beovide porque no hizo nada contra las empresas constructoras que violentaron los derechos humanos de las afectadas, a pesar de que se había ganado el laudo laboral y cuatro meses después, cuando se hizo la ejecución del laudo, las empresas ya no estaban. “A 12 años de que se inició la demanda laboral no se ha cumplido con este laudo”, dijo el abogado, el cual mencionó que el gobierno del estado no se puede escudar en decir que es asunto laboral, pues es claro que ex funcionarios estatales están señalados al retardar el procedimiento.
