Carlos López Torres
Aunque algunos representantes de la iniciativa privada local sostienen que el sistema en ocasiones está diseñado para que “no quede de otra más que ser parte de la corrupción”, el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, J. Guadalupe Torres Sánchez, dice tener una serie de buenos propósitos para que el erario por fin sea manejado correctamente por parte de las autoridades.
Sin la Ley Anticorrupción del Estado aprobada, aunque haya sido una iniciativa “preferente” del Ejecutivo, quien terminó dando marcha atrás sin explicación clara a la ciudadanía; con los antecedentes de impunidad que han caracterizado desde siempre los abusos, despilfarros y corruptelas de no pocos funcionarios de los diferentes niveles estatales y municipales y con una Auditoría Superior del Estado que no cesa en sus desencuentros con los diputados y los consabidos escándalos financieros nunca aclarados, difícilmente las buenas intenciones del legislador presidente de la Comisión de Vigilancia serán concretados.
A propósito de la revisión de las cuentas públicas de los 58 ayuntamientos de la entidad, de los organismos autónomos y los descentralizados de los ayuntamientos, así como de los poderes Ejecutivo, Judicial y el Legislativo, respectivamente, quienes están obligados a entregar sus informes según el orden mencionado líneas arriba, el 31 de enero, el 15 de febrero y 28 del mismo mes a más tardar, el secretario de la Comisión de Vigilancia solicita a la ASE que actúe con compromiso y severidad en la revisión.
Asimismo, entre otras buenas intenciones, el diputado Torres Sánchez señala que la función de la ASE deberá ser garante de la salvaguarda del patrimonio de los potosinos y garantizar que las autoridades apliquen correctamente los recursos públicos en obras y servicios. Para finalizar, se compromete el legislador a que los diputados de la Comisión de Vigilancia y la ASE trabajarán muy de cerca. Será ello posible después de que el auditor Jesús Martínez Loredo fue desmentido por la oficial mayor Congreso, Beatriz Benavente Rodríguez, sobre el supuesto apoyo económico que asegura el auditor dio al Congreso local a finales de 2016 para las fiestas decembrinas.
Ante la amarga experiencia dejada por el incumplimiento de los autodenominados “representantes populares” y las autoridades encargadas de procuración de justicia en la entidad, a propósito de la llamada rendición de cuentas, la sociedad no tiene de otra que incorporar en su agenda local la aprobación inmediata de la Ley Anticorrupción estatal, así como la discusión pública y aprobación en su caso de la congelada Ley de Participación Ciudadana, con su respectivo capítulo relativo a la revocación del mandato y otras disposiciones como el desafuero, etcétera.
Por supuesto, la sociedad tiene que mantenerse vigilante durante todo el periodo ordinario de sesiones y continuar en las calles, impulsando la organización popular desde abajo para enfrentar exitosamente los grandes retos inmediatos y a mediano plazo, que la política antipopular del sistema ha impuesto, sin olvidar la tradicional agachonería y el titubeo de los gobernantes frente al xenófobo Donald Trump.
