Samuel Estrada
El titular de la Contraloría del Estado, José Gabriel Rosillo Iglesias, admitió que resulta muy complicado que se vaya a sancionar a alguien por los desperfectos en el puente de El Cascabel, en Ciudad Valles, ya que, aunque después de un análisis se encontraron errores incluso desde la etapa de planeación, el hecho es que, en la legislación en materia de responsabilidades para funcionarios públicos, las irregularidades ya han prescrito.
El funcionario señaló que “a nosotros se nos solicitó un dictamen que ya fue entregado a la Junta Estatal de Caminos (JEC), ahí se detallan las fallas que existieron desde el proceso de planeación hasta la ejecución y supervisión; es un tema que está abierto, pero no podemos deslindar responsabilidades hasta que cause estado”.
No obstante, refirió que es un puente que se construyó hace más de una década, por lo que, en cuanto a servidores públicos, será complicado que se pueda sancionar a alguien, ya que la legislación del momento marcaba tres años de prescripción, y en cuanto a la constructora sólo un año, es decir, es una temporalidad que ya venció.
Indicó que esta situación es lo que está evaluando ahora la Junta Estatal de Caminos, para buscar la manera de que, bajo alguna otra herramienta, se pudiera gestionar para que todo el peso de la rehabilitación del proyecto no recaiga solamente en el Ejecutivo.
Finalmente, insistió en que resulta muy complicado sancionar a alguien puesto que los tiempos legales son muy claros y gobierno los tiene que acatar, pero de cualquier forma el tema está del lado de la JEC para analizar qué es lo que se pudiera hacer.
