Jaime Nava
En 1857 la historia quiso que naciera el municipio de Santo Domingo y se convirtiera en la extensión territorial más grande de San Luis Potosí. Desde entonces y hasta la fecha miles de personas han hecho de ese lugar su casa y han encontrado diversas formas de aprovechar las condiciones especiales de la tierra no únicamente para subsistir sino, también, para multiplicar la riqueza.
Sin embargo, el presente quiso que los habitantes de Santo Domingo compartieran oxígeno y tierras con la voracidad encarnada en José Cerrillo Chowell. Y, como si necesitaran algo más, les toca exigir la intervención de un gobierno estatal tímido: ausente en los momentos en los que debiera velar por la salud de los habitantes, el desarrollo económico de la región y el mantenimiento del medio ambiente; empero, presente cuando se trata de simular que la llegada de una empresa automotriz se traduce en crecimiento aunque paguen sueldos ridículamente bajos a cambio de exenciones de impuestos, terrenos y recursos naturales.
Santo Domingo ha padecido durante décadas el abandono de los gobernantes que, a consecuencia de su pobreza mental, han sido incapaces de pensar en el Altiplano potosino como una región con potencial productivo en lugar de, como hasta ahora, convertirla en el lugar ideal para depositar basura tóxica como ocurrió en Guadalcázar. Como los funcionarios y los gobiernos son temporales se pueden dar el lujo de ver con buenos ojos que se construyan basureros tóxicos para satisfacer la demanda empresarial y los compromisos que les exigen sus verdaderos patrones por encima del bienestar de los potosinos.
El otro día el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Gustavo Puente Orozco, en relación a la construcción del tiradero se atrevió a decir que “sería positivo para todas las empresas de la región tener un lugar seguro que cumpla con todos los requisitos jurídicos, legales y ambientales”. Me gustaría que el funcionario explicara los efectos “positivos” que tendría para los habitantes de Santo Domingo la instalación del confinamiento. Más aún, estoy seguro de que él no estaría dispuesto a cambiar su domicilio a cualquier lugar del mundo donde existiera un vertedero de residuos peligrosos. Algo debe tener el erario que les hace creer que su efímera presencia gubernamental los califica para aventurarse a apoyar el interés económico antes que defender cualquier intento de destrucción de la vida.
Tampoco el gobernador se hará responsable de lo que pueda llegar a ocurrir si la empresa SITSU logra obtener luz verde para envenenar una parte del Altiplano con las millones de toneladas de basura que generan las empresas en todo el país y que, para los que no lo saben, se depositarían en parte del terreno del cual es propietario Cerrillo Chowell. Por más que Carreras López alegue que se encuentra fuera de su ámbito de competencia la realidad es que, supuestamente, él es el gobernador de un estado donde resulta estar ubicado el municipio que quieren transformar en un depósito de residuos altamente peligrosos.
Lo que suceda en Santo Domingo es de su entera competencia y debe ir al lugar a aprender de quienes ahí habitan para desarrollar proyectos que impulsen dicho espacio geográfico y ayuden a mejorar el nivel de vida de esos miles de potosinos que no merecen pasar de productores a engrosar las filas del clientelismo que llevó a que la alianza PRI-Antorcha Campesina ocupara el actual gobierno municipal de Santo Domingo. Razón por la cual a más de 100 kilómetros de la capital sospechan que detrás de la compra que el gobierno del estado acordó, de un terreno ilegalmente ocupado por miembros de Antorcha Campesina, se esconde un numeroso grupo de choque que podrían utilizar para enfrentar la decidida y absoluta oposición de la gente.
En Santo Domingo están organizándose y dispuestos a llegar a las últimas consecuencias para defender su tierra, su patrimonio, el agua, su salud y sus fuentes de ingresos antes de que el desenfreno, la mezquindad y complicidad de unos cuantos los deje en la calle. Afortunadamente no están solos, sacerdotes de la diócesis de Matehuala acompañan la resistencia (a ver quién se atreve a gritarles “huevones” a los padrecitos durante las manifestaciones), también cuentan con asesoría de la clínica de litigio estratégico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, académicos de El Colegio de San Luis apoyan con vinculación académica y estudios en la zona e igualmente tienen el respaldo del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz.
A quienes habitamos en la capital del estado nos debería de importar y ocupar el tema.
Han pasado 186 días sin que se sepa el paradero de la pequeña Zoé Zuleica Torres Gómez.
¡Que la UASLP baje los costos de posgrados y licenciaturas! #EducaciónParaTodos
¡Ni un día más en el silencio, ni un día más sin Carmen Aristegui!
@JaimeNavaN
