Reuters
Nueva York. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda contra Kalshi, una plataforma de mercados de predicción, al acusarla de operar sin licencia estatal y de violar las leyes contra el juego ilegal. La acción se suma a la creciente disputa en Estados Unidos sobre quién debe regular este sector en expansión.
La demanda presentada por la fiscal general Letitia James agrava una batalla que se está extendiendo rápidamente —y que incluye una avalancha de demandas y contrademandas— sobre si deben ser los estados o el gobierno federal los que regulen el sector de los mercados de predicción, en rápido crecimiento.
En una demanda presentada en una corte estatal de Manhattan, James dijo que Kalshi no obtuvo la licencia de la Comisión de Juegos de Azar del Estado de Nueva York para operar su plataforma, en la que los usuarios realizan operaciones basadas en los resultados previstos de eventos deportivos, elecciones y otros acontecimientos.
Asimismo, agregó que este tipo de plataformas pueden fomentar la ludopatía, incluso entre menores de 21 años, y poner en peligro la salud financiera, emocional y física de las personas.
En abril presentó demandas similares contra otros dos operadores de mercados de predicción —Coinbase Financial Markets y Gemini Titan— alegando que los denominados “contratos de eventos” de las tres empresas constituyen “por excelencia” un juego de azar.
“Las leyes sobre juegos de azar de Nueva York protegen a los menores de las apuestas y ayudan a combatir la adicción al juego”, declaró James en un comunicado. “Independientemente de cómo se denominen, los mercados de predicción como Kalshi son plataformas de juego, así de sencillo”.
Los mercados de predicción como Kalshi y Polymarket han experimentado un auge de popularidad desde las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, cuando obtuvieron mejores resultados que las encuestas a la hora de predecir la victoria del republicano Donald Trump sobre la demócrata Kamala Harris.
La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) ha reivindicado la competencia exclusiva en materia de supervisión y ha impugnado las medidas reguladoras de al menos nueve estados, entre ellos Nueva York, al que demandó en abril.
