Israel Rodríguez
Ciudad de México. La contratación de obra pública es el proceso más corrupto porque se deja mucho a la discrecionalidad y el 57 por ciento de los actos de cohecho en países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) son por contratos de obra pública, según se concluyó durante la presentación del Código de Ética y Anticorrupción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
Gustavo A. Arballo Luján, presidente de la CMIC afirmó que las campañas políticas son una oportunidad excelente para generar compromisos de que no existan las “inversiones democráticas”.
Reconoció, que el sector de la construcción es muy vulnerable en dos aspectos: Uno, los buscan los candidatos para pedirles dinero para pagar las campañas y eso es ilegal y en segundo lugar les cobran una parte del valor del contrato una vez que los contratos se asignan.
Sobre el sistema CompraNet, Arballo Luján, dijo que aunque fue pionero en el mundo cuando se estableció, “creo que nos quedamos en el camino y hoy tenemos muchas más opciones para generar difusión de datos abiertos y “no nada más éste confabulado para servirle a unos cuantos”.
Lo que necesitamos, agregó, es que en el proceso licitatorio se dé un seguimiento y después de que alguien obtuvo una licitación saber si lo termino en tiempo, si hubo alguna modificación, la calidad y todas esas son oportunidades de mejoras en CompraNet.
Jacobo Pastor García, especialista Senior en Políticas de Integridad y Compras Públicas de la OCDE, informó que el 57 por ciento de los actos de cohecho en los países integrantes de la Organización se realizan en los contratos de obra.
Sergio Alberto Martín Esquivel, presidente de la Comisión de Compras de Gobierno y Obra Pública de la CONCAMIN, aseguró que la obra pública es uno de los procesos más corruptos de la contratación porque es donde evidentemente hay más dinero.
Instó a migrar la contratación pública a datos abiertos porque la transparencia y la rendición de cuentas es parte de tener información y esa información es el poder acceder a los datos abiertos porque exponen a los servidores públicos para saber si están comprando más caro o hacen obras incompletas o hacen procesos de excepción.
Por su parte, Eduardo Bohórquez López, director de Transparencia Mexicana, informó que el costo de la corrupción representa en promedio para las familias que ganan menos de un salario mínimo el 30 por ciento de sus ingresos, es decir, el doble de lo que se paga de IVA.
Propuso la creación de criptomonedas para dar seguimiento al dinero que entra en las campañas políticas y el establecimiento de una Fiscalía General Independiente para investigar y castigar a funcionarios como en el caso Oderbrecht.
“Una fiscalía general que independientemente del momento del sexenio, de quién éste gobernando o el partido en el poder se pueda investigar lo que esté denunciado y esa seguridad hoy no la tenemos porque no tenemos una fiscalía general independiente y nos quedamos con una ya casi obsoleta Procuraduría General de la República”.
Sobre las criptomonedas , explicó, son monedas virtuales que dejan rastro de cada una de las transacciones. “Lo que proponemos es que se considere con seriedad este tema para el financiamiento público de la política del país y se utilice una moneda virtual para poder ir rastreando a quién se le entregaron esos recursos en una campaña”.
