Emir Olivares Alonso
Ciudad de México. Organizaciones de la sociedad civil criticaron la posición que el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, expresó este jueves en torno al caso del presunto espionaje contra activistas, periodistas y defensores de derechos humanos. Consideraron que las palabras del mandatario “carece de elementos técnicos y jurídicos” para afirmar que las denuncias “son falsas” y con ello “exoneró de antemano a su gobierno de cualquier responsabilidad”, incluso antes de que inicien las indagatorias.
Con esas declaraciones, enfatizaron las organizaciones civiles, Peña Nieto “condena al fracaso” la investigación por estos casos, donde entre los afectados están integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), periodistas como Carmen Aristegui y parte de su equipo de colaboradores e inclusive su hijo Emilio, y Carlos Loret de Mola; y miembros del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
“El día de hoy, el presidente Peña Nieto se refirió por primera vez públicamente a las denuncias sobre el uso ilegal de tecnología para intervenir ilegalmente telecomunicaciones de personas vinculadas al trabajo periodístico, a investigar y denunciar la corrupción, y a la defensa de los derechos humanos.
Las expresiones del primer mandatario ocurrieron en Lagos de Moreno, Jalisco, en el marco de la inauguración de un parque industrial.
En su discurso, rechazó la vulneración de la privacidad de todas las personas y ordenó una investigación. Asimismo, aceptó que el Estado mexicano efectivamente cuentas con la tecnología de espionaje en cuestión. Al mismo tiempo, sin embargo, realizó diversas expresiones impropias de su investidura y en extremo preocupantes”.
Las ONG Artículo 19, Red de Defensa de los Derechos Digitales, el Centro Prodh, y el IMCO (estas dos últimas con integrantes afectados), enfatizaron que debido a que la Procuraduría General de la República (PGR) aún no ha iniciado las investigaciones por el caso, “el mandatario federal carece de elementos técnicos y jurídicos para afirmar que las denuncias son falsas y, por el contrario, los informes científicos realizados hasta ahora apuntan en otra dirección. Que el Presidente de la República descarte a la ligera una denuncia de esta gravedad, pone en entredicho la posibilidad de que se conduzca una investigación seria, objetiva, transparente y efectiva; de nada sirve que se instruya a que se realice una indagatoria si anuncia con antelación su posterior y fallido resultado”.
Agregaron que Peña Nieto “normaliza la gravedad de las denuncias y minimiza las consecuencias en la vida de las personas que han denunciado las intervenciones, al señalar que: ‘Ninguna de las personas que se sienta agraviada puede afirmar o mostrar o evidenciar siquiera que su vida se haya visto afectada por esas supuestas intervenciones y por ese supuesto espionaje’. De nuevo, estas afirmaciones son irresponsables y carecen de sustento. Como se ha documentado y denunciado, los intentos de espionaje registrados afectan en la vida personal e íntima de las personas espiadas, generando incertidumbre y zozobra. La vigilancia impacta en el ejercicio de libertades y es un mecanismo efectivo para el control de la información”.
En tercer lugar, agregaron, el titular del Ejecutivo “realizó una afirmación en extremo grave, al aceptar que él mismo podría ser objeto de espionaje, al señalar que: ‘Yo mismo como Presidente de la República, a veces recibo mensajes cuya fuente u origen desconozco. Pero procuro en todo caso ser cuidadoso en lo que digo telefónicamente. No faltará que alguien, o alguna vez, exhiban una conversación mía’. Para provenir de un Jefe de Estado, una aceptación así de pasiva de las intervenciones ilegales es alarmante. La seguridad de las comunicaciones del Presidente interesan a la estabilidad del Estado, por lo que la ligereza con que el titular Ejecutivo acepta su vulnerabilidad, confirma que en México la vigilancia está fuera de control y debería motivar una profunda investigación”.
Un elemento más, destacaron las organizaciones, es que Peña Nieto “profirió una muy preocupante amenaza a las personas denunciantes al decir al final de su discurso: ‘Espero que la PGR con celeridad pueda deslindar responsabilidades, y espero al amparo de la ley pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos’. Con estas expresiones, no se comprometió a aplicar todo el peso de la ley a los responsables de las intervenciones ilegales, sino que envió un mensaje amenazante para quienes documentaron técnicamente la existencia de esta ilegal vigilancia, para quienes la reportaron desde sus medios de comunicación, para quienes siendo objetivos alzamos la voz y denunciamos. Esta posición presidencial es en extremo preocupante y denota una deriva autoritaria que a todos debe alarmar. Cuando el Presidente de un país pide que se aplique todo el rigor de la ley a quienes acuden a las instituciones para denunciar los delitos que resienten, se vulnera la esencia misma de la democracia, que son los contrapesos y la rendición de cuentas. Esta amenaza, impropia de un jefe de Estado, despierta la más alta preocupación y ya se ha puesto en el conocimiento de las principales instancias de derechos humanos a nivel global”.
Los firmantes del posicionamiento señalaron que “al condenar al fracaso las investigaciones, al normalizar el impacto de los intentos de espionaje en la vida de las personas, al restar importancia a las intervenciones y, sobre todo, al proferir una preocupante amenaza a las y los denunciantes, el presidente Peña Nieto ha mostrado que no será capaz de investigarse a sí mismo”.
Por ello reiteraron que la única forma de asegurar una investigación profunda y real es mediante la conformación de un panel independiente de expertos que en todo caso hagan escrutinio de la acción o inacción de la PGR en la investigación del espionaje. “En el mismo sentido demandamos –dado que el Presidente afirmó que su gobierno cuenta con la tecnología de espionaje- que se transparenten y publiciten los contratos firmados con empresas de espionaje. Estos dos elementos serán los indicadores para considerar que existen posibilidades mínimas para una investigación en contexto de democracia. Mientras tanto, lo único que tenemos al día de hoy son amenazas a quienes denunciamos públicamente el espionaje y ausencia total de condiciones para una verdadera investigación”.
