Ciudad de México. En un esfuerzo amplio en contra de la corrupción e impunidad, reconocidas organizaciones defensoras de derechos humanos y promotoras de la transparencia y rendición de cuentas, así como con organismos empresariales, exigieron al gobierno federal y al Congreso que los próximos nombramientos de importantes funcionarios públicos se lleven a cabo con base al mérito personal y la capacidad profesional, y no como parte de “cuotas partidistas”.
Al lanzar la campaña Designaciones contra la Corrupción y la Impunidad, las organizaciones de la sociedad civil señalaron que la mayoría de los nombramientos se deciden por autoridades políticas, en procesos cerrados, sin información y a partir de la repartición de cuotas entre los partidos políticos y el predominio de intereses particulares.
Así, organizaciones como Fundar, Artículo 19, el Centro Pro de Derechos Humanos, Fundación para el debido proceso, I(dh)eas, México Evalúa, Serapaz, Transparencia Mexicana, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), y la Coparmex, entre más de 50 organizaciones advirtieron que este mecanismo cerrado para hacer las designaciones de importantes cargos de la administración pública “debilita a las instituciones” y genera desconfianza entre la ciudadanía hacia su desempeño y toma de decisiones.
En conferencia colectiva de varios de los directivos y representantes de algunas de estas organizaciones, señalaron que este esfuerzo de diversos colectivos interesados en el combate a la corrupción y la impunidad es “inédito”, y que estarán muy atentos a las próximas designaciones de quienes ocuparán importantes cargos públicos.
Y es que en las próximas semanas y meses, ya sea el Ejecutivo federal o el Congreso, tendrán que nombrar, por ejemplo, a los nuevos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federal (TEPJF), al procurador o fiscal General de la República, al secretario de la Función Pública, al fiscal especial en materia de combate a la corrupción, y a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
