Emir Olivares
Los titulares de cuatro áreas específicas de Naciones Unidas para combatir la tortura señalaron que la erradicación de este flagelo exige un nuevo compromiso de todos los Estados miembros. Enfatizaron que su prohibición es ‘absoluta’ y su práctica nunca puede justificarse.
En una declaración conjunta suscrita por el Comité contra la Tortura, el Subcomité para la Prevención de ésta, el Relator Especial sobre el tema y el Consejo de Administración del Fondo de Contribuciones Voluntarias para las Víctimas de ese delito, todos pertenecientes a la ONU, exhortaron a aplicar medidas más eficaces encaminadas a eliminar las condiciones y circunstancias que la favorecen.
El pronunciamiento se difundió ayer, un día después del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, donde los expertos insistieron en que el derecho a no ser sometido a torturas no puede ser suspendido por los Estados, bajo ninguna circunstancia, y agregaron que el uso de ésta “destruye la dignidad humana fundamental”, no sólo de las víctimas, sino también de los victimarios.
“La prohibición absoluta de la tortura y de cualesquiera tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes bien podría ser el logro más fundamental en la historia de la humanidad (…) Cualquier tolerancia o permisividad hacia tales prácticas, por excepcional o bien argumentada que parezca, conducirá inevitablemente por la pendiente que lleva a la total arbitrariedad y el uso de la fuerza bruta, para desgracia de toda la humanidad”, aseveró Nils Melzer, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura.
Jens Modvig, presidente del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, la calificó como “una de las brutales violaciones de derechos humanos”. Recordó a los Estados que ninguna circunstancia excepcional puede invocarse para justificar esos actos. “El carácter absoluto de la prohibición de la tortura se aplica en todos los casos, incluso en el contexto de la lucha antiterrorista”.
El presidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura, Malcolm Evans, indicó: “La defensa de su prohibición absoluta debe ser una prioridad para todos los Estados. Pero no todos la condenan tan categóricamente como deberían. Deben aplicar medidas eficaces para prevenirla. El sistema creado por la Convención contra la Tortura y su Protocolo Facultativo ofrece medios poderosos para hacerlo; por consiguiente, instamos a todos los Estados a que ratifiquen esos instrumentos”.
La presidenta del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura, Gaby Oré Aguilar, hizo hincapié en que “es igualmente importante que los Estados cumplan con su obligación de proporcionar reparación y rehabilitación rápida y eficaz a las víctimas y a sus familiares, y de poner a su disposición los recursos que se necesitan con urgencia para responder al sufrimiento de miles de personas que la han padecido en el mundo entero”.
