Jessica Xantomila
Tras su visita a México, el Subcomité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Prevención de la Tortura reconoció que el país ha demostrado compromiso político para combatir y prevenir este delito y ha logrado importantes avances. Sin embargo, manifestó su preocupación porque existen brechas entre el marco jurídico y su instrumentación, así como en cuanto a la puesta en marcha de medidas de prevención.
Igualmente respecto a “los persistentes problemas en la pronta y efectiva investigación de los actos de tortura y la lucha contra la impunidad”.
En un comunicado, señaló también “las preocupantes” condiciones y prácticas coercitivas en centros de tratamiento de adicciones, “que operan sin la debida regulación, lo que supone un grave riesgo de malos tratos”.
Los expertos del Subcomité estuvieron por tercera vez en México del 25 al 30 de enero pasado, con lo que marcaron su regreso al país después de una década de su segunda visita en 2016.
Reconocieron los avances logrados por México, con la adopción de “medidas legislativas clave, entre ellas la Ley General para la Prevención de la Tortura en 2017 y la Ley General de Salud en 2023”. El gobierno, destacaron, también estableció fiscalías especializadas para investigar actos de tortura y fortaleció su Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) con un marco jurídico “sólido y recursos adecuados”.
No obstante, “queda mucho por hacer con respecto a la implementación de medidas de prevención de la tortura”, declaró Carmen Comas-Mata, jefa de la delegación. “Nos preocupa principalmente la situación observada en los centros de tratamiento de adicciones, especialmente aquellos que operan de forma privada y al margen de un marco regulatorio adecuado”.
Indicó que abordar esta situación “requiere una acción urgente y decisiva por parte del Estado”.
Durante la misión, la delegación visitó cárceles para hombres y mujeres, comisarías, hospitales psiquiátricos y centros de tratamiento de adicciones. Además, llevó a cabo entrevistas confidenciales con detenidos y personal.
También realizó visitas junto con diversas instituciones, así como con el MNP y mantuvo sus habituales reuniones con autoridades gubernamentales y otras partes interesadas.
Después de todo ello, el Subcomité destacó que persisten desafíos en relación con la instrumentación del marco jurídico y las políticas. “Así, la legislación nacional prohíbe la institucionalización involuntaria, pero esta no fue la realidad que pudieron observar”, afirmó.
Comas-Mata indicó que la delegación valora positivamente el reforzamiento y el adecuado funcionamiento de un Mecanismo Nacional de Prevención “sólido y profesional”, que desarrolla “una labor relevante en la prevención de la tortura y otros malos tratos”. Sin embargo, enfatizó que es fundamental que se nombre con prontitud a todos los miembros de su Comité Técnico y se restablezca la cooperación con la sociedad civil”.
Agradeció también la colaboración brindada por el Estado parte durante la etapa previa y durante la visita.
El Subcomité presentará un informe confidencial, con sus conclusiones y recomendaciones, al gobierno federal, por lo que alentó a México a hacerlo público y a colaborar constructivamente en la puesta en marcha de sus recomendaciones.
La delegación estuvo compuesta también por Marco Feoli Villalobos (Costa Rica), María Luisa Romero (Panamá) y Martin Zinkler (Alemania), apoyados por dos miembros de la Secretaría.
