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  • Romo lo había reconocido
  • Lomelí: negocios más que sabidos
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Julio Hernández López

Carlos Manuel Urzúa Macías no se quedó con las ganas de precisar, con nombres, apellidos y señalamientos directos, las razones de su salida de la obviamente estratégica Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Concedió una muy reveladora entrevista a Hernán Gómez Bruera (recién salido de la experiencia difícil, pero aleccionadora, de su fallido programa La maroma estelar, en Canal Once), que fue publicada en la edición en curso de la revista Proceso y, con ella, surtió de metralla política y económica más escandalosa a los adversarios de la autodenominada Cuarta Transformación (4T). Lo que muchos opositores han batallado en posicionar como argumento político, ha sido avalado ahora por el economista que ha vuelto a la vida académica en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública (EGAP) del Tec de Monterrey, en su nueva sede en Mixcoac, en la Ciudad de México.

El destinatario principal de los dardos del doctor en economía Urzúa fue el polémico empresario Alfonso Romo (aunque también le tocó una preocupante dosis al históricamente impresentable Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad). Respecto a Romo, el exsecretario Urzúa documentó lo que en la práctica fueron las propias advertencias que el ahora jefe de la oficina presidencial había hecho sobre sí mismo, muy en concreto durante una entrevista que en mayo de 2018 tuvo en Milenio Televisión con Azucena Uresti: “Mira. Él (AMLO) me ha estado proponiendo como Jefe de Gabinete; como coordinador del gabinete; como todo. Yo, la verdad, y lo digo con mucho respeto, yo no voy a ser nada que tenga yo conflicto de interés. Yo le decía el otro día a Andrés Manuel, de broma, ‘Ya no digas que voy a ser jefe de gabinete, porque no voy a ser’. Por qué… ¿Te acuerdas del caso de las toallas-gate? Imagínate tú, yo con los negocios que tengo, mañana mi grupo financiero hace una colocación de papel de Pemex… ¡No! Me van a crucifi… ¡Si Anaya me está crucificando por algo que no dijo Andrés Manuel! Tu imagínate. Entonces yo tengo que ser muy cuidadoso por la reputación que le debo a mis negocios, a mi familia, al mismo país, al mismo gobierno. Sería… habría mucha suspicacia. Entonces, yo prefiero ayudarle de otra forma que no tenga conflicto”.

Romo tuvo razón sobre sí mismo: se ha convertido en un evidente ejemplo de conflicto de interés. Solo por dar un pequeño botón de muestra: el 4 de agosto del año pasado, ya con López Obrador a punto de ser declarado presidente electo y Romo como designado para jefe de la oficina presidencial, el tabasqueño visitó los laboratorios de la empresa Agromod, de Romo, en Chiapas, especializada en producción de plantas tropicales, todo con vistas al arranque del programa de siembra de árboles maderables y frutales en un millón de hectáreas sureñas.

El caso del médico Carlos Lomelí ha sido ampliamente documentado y denunciado, desde varios años atrás. Vendedor de medicinas y productos médicos a gobiernos con los que mantuvo relación política, Lomelí fue un inversionista práctico en el mismo terreno político y electoral, siempre ligado al obradorismo y a algunas de sus personas cercanas. La prosperidad económica de Lomelí motivó incluso averiguaciones sobre negocios oscuros. Recién derrotado en Jalisco como aspirante a gobernador, el médico fue habilitado como “superdelegado” de la 4T, para confrontar al ganador, Enrique Alfaro.

En Baja California, Jaime Bonilla Valdez ha sido otro empresario con gusto por la inversión en política. La pretensión de ser gobernador por tres años más de los votados en urnas ha hecho pública a nivel nacional esa combinación de ambición, intereses y compromisos que a nivel estatal ha sido constantemente difundida, en especial respecto a potenciales negocios muy redituables que cuentan con el visto bueno del morenista muy defendida por otra empresaria metida a la política, Yeidckol Polevnsky.

El semanario del Arzobispado Primado de México, denominado Desde la fe, ha vuelto a dar una nota política fuerte: en su editorial ha exhibido los desacuerdos específicos con la “Cartilla Moral” que promueve el gobierno obradorista. Pero las objeciones van más allá de este texto. En realidad, la cúpula de la iglesia católica dominante está dando una respuesta a la preponderancia que en el ámbito andresino están teniendo los grupos evangélicos que cuentan con el pastor Arturo Farela como coordinador general y vocero.

Hay párrafos que son casi una declaración de guerra política: “La creación o manejo de documentos con nombres llamativos, ocupando palabras que después serán devaluadas o manipuladas, o que sean utilizadas para justificar una política pasajera, sólo conducirá a quitarles importancia y peso: terminarán desechadas de nuestro diccionario familiar o usadas sin propósito real”. Otras líneas: “Imaginar que con un texto típico se solucionen nuestros problemas éticos, sería como mostrarle una receta al enfermo esperando –sólo con eso– su pronta curación”.

Cierto es que el presidente de la República ha cuidado su relación con la cúpula de la mencionada iglesia católica, asumiéndose López Obrador como un hombre de fe, sin ritualidad confesa pero con una constante referencia explícita a asuntos de religión y espiritualidad en su comportamiento oficial. Pero, aparte del cumplimiento de las formas con los jefes de la organización religiosa con sede en Roma, AMLO ha dado relevancia y augura réditos específicos (el otorgamiento de concesiones de radio y televisión, por ejemplo) a los grupos nucleados en la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas.

Por ello, las rudas críticas a la Cartilla Moral, desde el semanario católico antes mencionado, han de entenderse en el contexto de esa pelea de los grandes jefes religiosos por la atención y los favores de un presidente de la República que ha mezclado la religión con la política como ningún otro desde la Revolución Mexicana.

Julio Hernández López
Julio Hernández López
Autor de la columna Astillero, en La Jornada; director de La Jornada San Luis.