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Federico Anaya Gallardo
Un misterio digno de investigar es el desprecio a la política. Buena parte de los hombres y mujeres que se especializan en ella, ciertamente, se comportan de una manera despreciable. Pero vilipendiar la política es una pésima práctica social porque deja a los peores al mando. En 1996, el centro de derechos humanos FrayBa documentó los orígenes del grupo paramilitar Paz y Justicia en Tila, Chiapas. Encontramos dos causas inmediatas: la protección militar y la abstención electoral. Aquélla, un acto de la contrainsurgencia cuyo responsable último fue el presidente de la República, Zedillo. La segunda, un error de la oposición de izquierda.
En el Chiapas de esos años ocurría una cosa extraña. La gobernatura se elegía en el mismo año que la presidencia nacional, pero legislatura y ayuntamientos hasta el año siguiente. Esto permite interesantes comparaciones. En 1994, en medio de la oleada de movilización campesina y popular alentada por el EZLN, la elección federal y la concurrente de gobernador fueron muy competidas. En Tila la participación electoral fue alta (58.4% del padrón). El PRI obtuvo 42.3% de los votos y el PRD 37.7% (una diferencia de 4.7%). Los votos nulos fueron 7.6% –casi el doble de la diferencia entre primer y segundo lugar. Un año después, en 1995, PRI y PRD tilecos volvieron a enfrentarse. Pero la participación electoral se desplomó a 34%, es decir 24.4% menos. 5,657 electores que habían votado en 1994 se abstuvieron en 1995. En 1995 el PRI (Paz y Justicia) ganó el ayuntamiento con 56.2% de la votación frente a sólo 24.4% del PRD –que perdió un total de 3,396 votantes. Las y los compañeros en las comunidades de Tila nos explicaron la causa: de última hora, el EZLN había decidido recomendar a sus bases abstenerse. (Ni Paz Ni Justicia, 1996, Liga 1.)
Diez años más tarde la izquierda electoral tileca seguía siendo relevante. En 2004 el PRI (Paz y Justicia) ganó el ayuntamiento con 7,212 votos (37.2%) frente a 7,155 (36.9%) de la coalición PRD/PT. La diferencia (0.3%) era notablemente menor que en 1994. Esto nos indica una terca vocación democrática entre los cholob de Tila. Un ánimo de cambiar las cosas mediante elecciones parecido al que Armando Bartra documentó entre los guerrerenses. (Guerrero Bronco. Campesinos, ciudadanos y guerrilleros en la Costa Grande, ERA, 2000.)
Pero en 2018 de esa potencia electoral quedaba muy poco. La participación sigue siendo alta: 61.89% de los electores acudieron a las urnas (28,211). Pero la izquierda, representada ahora por Morena sólo obtiene 1,163 votos –un miserable 4.1%. Aparte, en Tila los tres partidos de la coalición presidencial obradorista compitieron separados. El PT obtuvo 331 votos (1.8%) y el PES 63 (0.2%). El segundo lugar fue el PRI, con 7,155 votos (25.4%). El primer lugar, con 17,983 votos (63.7%) fue el PVEM –cuyo candidato Límber Gregorio Gutiérrez Gómez obtuvo así su segunda reelección.
Estas cifras merecen una reflexión seria. Estamos ante la desaparición práctica de una izquierda electoral que había sobrevivido la guerra contrainsurgente entre 1994 y 2004. No podemos decir que un bloque de votantes se haya retirado de la arena electoral como ocurrió en 1995, pues la abstención no se ha incrementado. Aparte, tenemos un quiebre inesperado entre dos partidos (PRI y PVEM) que representan a la derecha municipal.
Propongo las siguientes hipótesis. Primero, los objetivos de la izquierda social en Tila, en apariencia, no requieren de la lucha electoral. El caso más notorio de esto es el triunfo de 2008 del Ejido Tila anulando el Fundo Legal del Ayuntamiento. El poder judicial federal ya determinó que la Resolución Presidencial original no reservó tierras en la cabecera ejidal para que se asentase en ellas la administración municipal y que toda la propiedad en Tila-poblado es ejidal. Los ejidatarios triunfantes rechazaron el cumplimiento sustituto de la sentencia mediante compensación económica. En 2015 iniciaron la demolición del palacio municipal –del que hoy sólo queda la biblioteca. Por lo mismo, desde entonces el ayuntamiento despacha en otras poblaciones. (Liga 2.) Las autoridades ejidales de Tila se han manifestado consistentemente como adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y parte del Congreso Nacional Indígena. Muchos otros ejidos en el municipio han hecho lo mismo. La última de las fincas tradicionales de la región, Morelia, de dos mil hectáreas, fue recuperada en 1994 y para 2004 había regularizado jurídicamente la posesión de sus tierras. En los años que siguieron la nueva comunidad se ha complejizado y enfrentado conflictos. Sin embargo, hacia 2010, todas las partes reconocían la jurisdicción y autoridad de la Junta de Buen Gobierno neozapatista de Roberto Barrios. Muchos otros predios recuperados en los días heroicos de la rebelión neozapatista se han estabilizado y sus pobladores se organizaron autónomamente. Al occidente de Tila y en parte de Sabanilla se asienta, al menos desde 2010, el municipio autónomo La Dignidad.
No solo los posicionamientos políticos hicieron perder relevancia a lo electoral en el municipio de Tila. En 2018, Emilio Pérez Pérez, cholero de Tila-poblado, documentó en su tesis de maestría (Chapingo-Las Casas) cómo la pavimentación de las viejas rutas de terracería entre 1994 y 2020 no sólo hizo crecer los servicios de transporte sino que diferenció socialmente a quienes los prestan. De trece rutas, cinco son dominadas por kaxlanes de Tila y Petalcingo. Se trata de las foráneas, que conectan Tila con Villahermosa, Las Casas y Tuxtla. Las otras ocho pertenecen a ejidatarios o a sus descendientes. Son las rutas que comunican a las poblaciones dentro del municipio. El magisterio indígena juega un papel relevante en este próspero negocio por dos razones. Una, por su “posición económica… al gozar de un salario fijo [tiene] … capacidad financiera para adquirir vehículos … así mismo está en condiciones de solventar gastos durante las gestiones… ante las dependencias correspondientes”. Otra, porque los profesores “son originarios de las comunidades en donde está el trazo de la carretera… conocen la ruta y se sienten identificados con los pasajeros”. (Tensiones, conflicto y disputa por el territorio Ch’ol: El caso del ejido Tila, pp. 116-120, Liga 3.) ¿Cuáles son las “dependencias correspondientes” adonde se gestionan los permisos para los transportistas? Los kaxlanes y las rutas foráneas gestionan con los gobiernos estadual y federal. Pero la supervisión pública de las rutas al interior de Tila es un área de disputa entre las autoridades ejidales (de Tila-poblado y otras comunidades) contra el ayuntamiento constitucional. Es probable que las autoridades autónomas también ejerzan supervisión en sus zonas de influencia –como hacen los zapatistas de Las Cañadas.
Finalmente, hay que hacernos cargo del impresionante incremento en el gasto público municipal. El esfuerzo caminero –originalmente traído por la contrainsurgencia– estaría en la raíz del asunto. No sólo por el gasto dirigido a los caminos en sí mismos, sino porque los mejores caminos permiten la entrada de materiales de construcción para otras líneas de gasto. En 2018 de un gasto total de 496 millones 531 mil pesos realizado por el ayuntamiento de Tila, el 69% (343 millones 680 mil pesos) se ejerció en el rubro “vivienda y servicios a la comunidad”, que incluye: urbanización, desarrollo comunitario, abastecimiento de agua, alumbrado público, servicios comunales, desarrollo regional, vivienda. (Liga 4.) Esto, pese a que el gobierno municipal no puede usar el palacio del Ayuntamiento en Tila-poblado. Esta lista de rubros muestra la “oferta” que los ayuntamientos tilecos (dominados por el grupo político kaxlán de Límber de 2004 a 2020) hacen a todas las comunidades.
Lo último indica una bizarra “división del trabajo”. Por un lado, la gobernanza comunitaria pasa a las autoridades ejidales, tanto en Tila-poblado como en otros ejidos –y en algunas zonas, se desarrolla como autoridad municipal autónoma bajo la coordinación de la Junta de Buen Gobierno zapatista de Roberto Barrios. Por el otro, la inversión pública la monopoliza la minoría kaxlana a través de elecciones municipales con cada vez menos oposición. De hecho, no es necesario hacer oposición porque, desde su expulsión de Tila-poblado, el ayuntamiento kaxlán debe suplicar a todas las comunidades el reconocimiento político. Si los votantes se lo otorgan es sólo porque reparte obras. Por eso, más allá del día de la elección, Límber y los suyos no parecen tener apoyo de sus 18 mil electores. Por eso, el alcalde kaxlán sigue despachando desde El Limar –rodeado, por cierto, de choleros prósperos.
¿Por qué aceptaría el grupo kaxlán el bizarro arreglo que describo? Sencillo: porque es buen negocio comercial. Los kaxlanes no sólo dominan las rutas de transporte foráneo, sino la distribución de materiales y otros bienes que importa el municipio. Y aquí aparece la línea de batalla entre las varias autoridades del Tila contemporáneo. En la tesis de Pérez Pérez se reporta que entre las importaciones provenientes de Tabasco destacan “varilla, cemento, alambre, y fierros pesados para construcciones grandes como bodegas o domos” así como toda clase de abarrotes. Estos productos se surten por grandes compañías como la Comercializadora Abarrotera (COMA) de Yucatán, cuyo socio tileco es la Abarrotera Monterrey. En algún momento entre 2017 y 2018, las autoridades ejidales decidieron cerrar la última. El pretexto fue la distribución de dulces “en contubernio” con el secretario del ayuntamiento. Acaso se trataba de un intento de ganar apoyos para el retorno del gobierno municipal a Tila-pueblo; pero el incidente refleja pugnas entre grupos de comerciantes parecidas a las de los concesionarios de transporte. (pp.43-44)
Otro quiebre. El último alcalde cholero de Tila (2001-2004), Jesús Méndez Gutiérrez, buscó reelegirse en 2015. En marzo de 2014 fue arrestado –con gran escándalo– por violencia intrafamiliar en Yajalón. Los hechos eran ciertos, pero lo particular es que la nota chiapaneca la reprodujeron El Siglo de Durango, Noroeste, Reforma e Imagen Diario. Méndez no logró reelegirse. En ese momento, Límber ya era el político dominante de Tila. Las notas del arresto de Méndez Gutiérrez lo retratan como ”salvaje”. No es imposible que haya allí un discurso racista para deslegitimar a todos los políticos choleros. En 2015 los otros dos alcaldes choleros y paramilitares, Carlos López Martínez (1995-1998) y Carlos Torres López (1998-2001) estaban abiertamente confrontados con Límber (alcalde saliente) por cuestiones de obras y dispuestos a bloquear simultáneamente las carreteras de tierras altas (al sur de Tila) y de tierras bajas (en crucero Miguel Alemán). (Liga 5.) Este quiebre entre los choleros de Paz y Justicia y el grupo de Límber explica la separación entre PRI y PVEM en Tila y el 25.4% de los votos que mantiene el PRI.
Es obvio que el arreglo tileco es inestable. Por eso el grupo kaxlán insiste en retornar a Tila-pueblo. Lo extraño es que sólo ha recibido apoyo de un grupo minoritario de “pobladores” en la antigua cabecera (liderado por el sobrino del líder paramilitar, Samuel Sánchez Sánchez, que aún está preso). Parecería que los choleros de El Limar (que desde hace mucho han deseado ser reconocidos como municipio separado) están muy a gusto teniendo como “huésped/refugiado” al rico alcalde constitucional de Tila.
agallardof@hotmail.com
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