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Alejandro Fernández Montiel, del galardón a la cárcel

María Elena Yrízar Arias

El 23 de octubre pasado se dio en la capital potosina la noticia de que el ex titular de la Procuraduría de la Defensa de Personas Adultas Mayores del DIF estatal, Alejandro Fernández Montiel, fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado,  presuntamente acusado de abusar sexualmente de un menor de edad, que había estado  albergado en un centro de asistencia social supervisado por esa institución. La detención se debió a que se cumplió con una orden de aprehensión girada por un Juez de Control, por la probable comisión del delito penal de violación agravada.

La anterior noticia, que se difundió por los diversos medios de comunicación y redes sociales como un reguero de pólvora, provocó incredulidad, porque parecía casi imposible tratándose de un hombre que había sido reconocido con la presea Potosino Distinguido en 2006, que entre sus méritos estaba haber fundado y presidir el Instituto de Ciegos y Débiles Visuales Ezequiel Hernández Romo, mismo que había fundado en 1997 y que posteriormente haya sido acreedor de la Presea al Mérito Plan de San Luis de 2012, que es el máximo galardón que otorga el Congreso del Estado, como reconocimiento a personas potosinas que, a través de su obra intelectual, política y social, o por sus actos cívicos y ejemplar servicio, contribuyen a las mejores causas del pueblo mexicano. En otras palabras; este merecimiento no es para cualquiera, es para alguien virtuoso, como lo consideró en su momento el mismo Congreso Local.

Sobre este asunto, las reacciones fueron diversas, por ejemplo: familiares y amigos del acusado hicieron una invitación para que los días 26, 27 y 28 de octubre, se juntaran para rezar unos rosarios, “para que el justo Juez ilumine a quienes definirán el destino de Fernández Montiel”, se llevaron a cabo a las 7:30 de la noche en el Patio de la Esperanza, ubicado en el Paseo de los Derechos Humanos número 310, colonia Burócratas del Estado, por el rumbo de Morales, donde amigos y familiares oraron  por su libertad.

Otras reacciones fueron diferentes; porque este caso da lugar a pensarse fríamente. En primer término, este hombre no es cualquier persona del montón. No, es una persona relacionada con el gobernador Juan Manuel Carreras López y su esposa Lorena Valle, presidenta del Sistema DIF estatal. Inclusive, Fernández Montiel está casado con una potosina de la denominada clase alta capitalina, de una familia muy reconocida. Por lo tanto, antes de proceder en su contra, se debió analizar muy bien este asunto, porque una vez que se diera a conocer, iban a saltar chispas, porque, por un lado, es claro que la Fiscalía Estatal está procediendo con eficacia en este asunto, y dando un mensaje muy claro, en el sentido de que no hay excepciones en el cumplimiento de la ley, primeramente porque la integración de la carpeta de investigación que se hizo a raíz de la querella presentada a raíz de la fuga del menor que escapó el miércoles 16 de octubre y acudió en busca de sus familiares, a quienes contó que había sido abusado sexualmente por Fernández Montiel, por lo que de inmediato interpusieron una denuncia penal, donde se denunciaron los hechos que se le atribuyen al ex funcionario y galardonado, son palabras mayores, ya que el delito de violación es agravado y sancionado con una pena mayor, que tiene una máxima de 20 años de prisión, cuando lo comete una persona en el desempeño de un cargo público o utilice los medios que su profesión le proporcione. El presunto acusado es Licenciado en Derecho, por la Universidad Cuauhtémoc, por lo tanto no es un ignorante del derecho.

Con este caso, estamos percibiendo una postura que habla bien de la voluntad política de la Fiscalía, poniéndoles el ejemplo a aquellos que dejaron ir al también abogado y sacerdote Eduardo Córdova, prófugo de la justicia por el mismo delito, desde el 25 de junio de 1914, situación que resulta ser un agravio para sus víctimas y para la sociedad en general.

La imagen del Gobierno del Estado mejora indudablemente. La no tolerancia de la impunidad es de aplaudirse. Si bien es obligación de la Fiscalía cumplir con la ley, es de reconocerle que en este caso se manejó con profesionalismo.

El presunto responsable quedó sujeto a proceso en la penitenciaría de La Pila. Se aclara que, además, Fernández Montiel tiene dos carpetas de investigación, por abuso sexual de menores. La Justicia debe ser pareja. Si alguien comete una atrocidad como esta, debe ser procesado. En el procedimiento penal, el inculpado podrá defenderse para el caso de que sea inocente, pero mientras, sólo se le considera probable responsable.

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