Ayotzinapa: entre la historia de lucha, la derecha mediática y el gobierno obradorista

César Pineda*

Podemos estar de acuerdo o no en la acción que reivindicaron los normalistas para demandar reactivar el diálogo de los padres con el presidente. Pero esa forma de acción responde a la ideología e identidad histórica del movimiento normalista y no a una conspiración de derechas. Hay que recordar que todas las acusaciones contra los normalistas han venido de la derecha mediática más recalcitrante.

Durante el peñato, Mario Marin exigió que los padres de los 43 y los normalistas se disculparan con Murillo Karam. El caricaturista de derechas Paco Calderón descalificaba a lxs estudiantes y a los expertos internacionales, apoyando claramente así a Peña Nieto.

Fue Pablo Hiriart quien, sin pruebas, acusó a los normalistas de estar involucrados con el narcotráfico. Fue Luis González de Alba – quien atacó a otros movimientos como el zapatista y el de Atenco- quien formuló la idea que “Los padres se niegan a ver las evidencias porque eso implica volver a la milpa: se acabaron las caravanas de primera clase, las recepciones como héroes”, interpretando así que los padres se movilizaban por protagonismo y no por la búsqueda de sus hijos, descalificándolos y abrazando así la “verdad histórica de Peña”. La campaña mediática contra padres y normalistas fue sumamente mezquina, agresiva y criminalizante.

Nacidas en los años veinte del siglo XX, y luego ampliadas al calor de la educación socialista promovida por el presidente Lázaro Cárdenas, se conformaron las normales rurales a la par de sus internados. En ellos, los hijos de los campesinos pueden estudiar y a la vez sobrevivir con escasos apoyos estatales y a partir del trabajo colectivo y la autogestión en cada normal

En los internados se forman estrechos lazos de reciprocidad y responsabilidad similares a los de una comunidad campesina, lo cual propicia la conformación de cohesionadas organizaciones estudiantiles. Todas de izquierda radical, discurso e ideología acentuados por las condiciones de precariedad y pobreza de sus estudiantes.

La relación de lxs estudiantes radicalizadxs con los gobiernos estatales es de permanente conflicto. Por un lado, muchos de los gobernadores han tenido una forma despótica para ejercer el poder, no sólo contra la normalistas. Por el otro, lxs estudiantes a lo largo de su relación con el régimen autoritario aprendieron a presionar con medidas extremas.

El normalismo, sin contar con la fuerza de la masividad de las universidades ni la atención mediática urbana, estableció formas de protesta y negociación basadas en la toma de instalaciones gubernamentales, bloqueos a carreteras y toma de autobuses. Ese tipo de acciones de fuerza obligaron durante décadas al régimen a responder a sus compromisos; sin embargo, los gobiernos neoliberales fueron cada vez más reacios a cumplir con las demandas de los normalistas y pasaron a la ofensiva, buscando desmantelar el normalismo rural y obligando a los estudiantes a la resistencia. La confrontación durante los años del neoliberalismo fue total.

Las agresiones se volvieron particularmente brutales, durante los gobiernos de la alternancia democrática. En Chiapas, en 2003, los normalistas de Mactumatzá se enfrentaron a las policías a raíz del conflicto por el cambio en el acceso a las plazas como docentes. Hubo cientos de detenidos acusados de asociación delictuosa, motín, asonada y rebelión. En 2010, durante las negociaciones sobre el proceso de admisión entre las autoridades y las mujeres de la Escuela Normal Rural Justo Sierra en Aguascalientes, se dio un operativo salvaje de desalojo contra las estudiantes.

Dos años después la brutalidad policiaca escaló contra los normalistas de Michoacán. Un operativo policiaco –después de un diálogo con el gobernador apenas unas horas antes– tomó por sorpresa de manera simultánea a la Escuela Normal Indígena de Cherán, la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío y al Centro Regional de Educación Normal de Arteaga.

Los normalistas habían tomado algunos autobuses como medida de presión. Las fuerzas del orden dañaron las instalaciones, mataron a los animales de corral, lanzaron bombas lacrimógenas, balas de goma y tomaron detenidos a 176 estudiantes, muchos de ellos golpeados brutalmente. Las mujeres normalistas sufrieron tocamientos y vejaciones, amenazas y hostigamiento verbal por parte de la policía, que las señalaba de “andar de putas” en el movimiento.

Medios de comunicación y autoridades estigmatizaban a las normales por ser “semilleros de guerrilleros”, “nidos comunistas”, o “centros de formación bolchevique”. La Normal Rural Isidro Burgos mejor conocida como Ayotzinapa, ubicada en una de las regiones más pobres del país, recibió la respuesta más feroz del Estado: dos jóvenes estudiantes –Jorge Herrera y Gabriel Echeverría– fueron asesinados por la policía al desalojar un bloqueo carretero el 12 de diciembre de 2011 en la Autopista México-Acapulco por medio del cual los normalistas exigían audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Esta historia represiva PREVIA a la desaparición de los 43 explica el antagonismo radical de los normalistas con los gobiernos de la alternancia (PRI, PAN y PRD) y nos permite ver lo inverosímil y absurdo de la hipótesis de una alianza del normalismo con las fuerzas contra las que llevan luchando durante dos décadas.

Sin embargo el otro elemento decisivo para comprender el portazo en Palacio Nacional es la crisis del diálogo padres -presidencia que lleva varios meses. La salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales en julio de 2023 sin renovar su mandato, se debe en parte, a que el acceso a los archivos del ejército se detuvo.

A la salida del GIEI -comisión a la que los padres le habían dado toda su confianza, hay que agregar la renuncia de Alejandro Encinas, quien era presidente de la Comisión de la Verdad y la Justicia y aunque con algunas tensiones, había logrado mantener la interlocución con los padres.

A que el proceso de investigación ya no sigue pautas consensuadas con los padres, a una nueva y torpe representación gubernamental, al bloqueo de la investigación por los militares- que la presidencia niega- hay que agregar que el gobierno incluyó sin consulta en una reunión a quienes ya no los representan.

La relación que se había construido entre el ejecutivo y los padres se ha deteriorado totalmente desde la renuncia del fiscal Gómez Trejo, quien tenía la aprobación de los padres, la anuencia del GIEI y los organismos de derechos humanos. Éstos últimos acusaron al ejército de intervenir en la investigación para descarrilarla.

De hecho el diálogo padres-presidencia no sólo está en crisis, sino a punto de colapsar. Ante dicha crisis los padres instalaron un plantón en el zócalo para exigir audiencia con López Obrador. NO HUBO RESPUESTA. Esto caldeó aún más los ánimos en el movimiento por los 43.

Sin embargo la peor señal sobre el proceso se había dado unas semanas antes por la declaración del propio presidente: “el caso ayotzinapa no se concluirá en mi gestión”

Con estas dos explicaciones procesuales llegamos al 7 de marzo, donde los padres y su representante intentaron entrar a la mañanera para entregarle un documento al presidente. Sin embargo a las afueras de Palacio, con los normalistas y demás manifestantes hubo una confrontación con la policía.

La protesta se salió de control y algunos normalistas y otros manifestantes tomaron la camioneta de la CFE y derribaron la puerta de palacio nacional. Los manifestantes intentaron entrar para confrontar al presidente. Los padres y Vidulfo Rosales -representante legal- los detuvieron.

Sólo después del portazo el presidente respondió con la posibilidad de la reunión. Los padres y su representación dijeron: “nosotros no queremos la confrontación estéril, (…) el presidente le da trato a los padres de disidentes políticos, no de víctimas. Nosotros entendemos que hay otros actores políticos electorales, él puede enfrentarlos como quiera, pero no así a las víctimas ni a los normalistas que tampoco se les ha hecho justicia”.

El movimiento de Ayotzinapa está en un punto crítico. O se regresa al diálogo y se establecen acuerdos de cómo seguir la investigación, o la promesa de verdad y justicia de este gobierno quedará incumplida. O se detiene la influencia del ejército en la investigación o no habrá verdad ni justicia.

La demanda de verdad y justicia en Ayotzinapa no es sólo una exigencia humanitaria de 43 familias por saber el paradero de sus hijos. En Ayotzinapa se decide si en la justicia manda el pueblo a través del ejecutivo o se impone el ejército y su poder de facto.

*César Pineda es profesor e investigador universitario. Con su autorización, este texto corresponde a una serie de publicaciones que hizo en X*